La defensa del expresidente del club Miguel Archanco considera que la nueva composición del tribunal y la notificación de la misma vulnera los derechos fundamentales de los acusados.
La abogada de Archanco considera que se le ha impedido su derecho de recusación debido a que se le notificó la modificación de la sala tan solo un día antes del juicio, careciendo de plazo suficiente, una cuestión a la que se han adherido varios de los letrados de la defensa.
Desde la Fiscalía se han opuesto a esta estimación alegando que se ha producido una designación de urgencia con magistrados presentes en una lista de sustitución y que, previo a esta notificación, por “Radio Macuto” ya se conocía la modificación y se disponía de tiempo suficiente, por lo que la falta de recusación responde a una falta de motivos y no de plazo.
Como advierte Diari de Navarra, de ser aceptada esta cuestión -las magistradas se pronunciarán este lunes o martes- supondría la suspensión del juicio. Fiscal, Osasuna y Liga de Fútbol Profesional, las acusaciones, se han opuesto.
La letrada de Archanco se refiere a que la designación de dos de los tres miembros del tribunal fue notificada el viernes (sustituyen a dos de los titulares, de baja médica), por lo que se les ha vulnerado la garantía a ser juzgados por el “juez natural” y, además, el poco tiempo con el que se ha comunicado les impide analizar si existe algún motivo para recusar a las nuevas magistradas, una de instrucción y otra de Familia.
“Desconocemos los motivos de los cambios de composición del tribunal porque no se han explicado salvo de una manera muy lacónica”. Todas las defensas se han adherido a esta argumentación, e incluso el abogado de Juan Pascual ya ha dicho explícitamente que tras la baja médica de dos magistrados se debería haber procedido a la suspensión del juicio oral, y que se desconocen los motivos por los cuales se han designado a las nuevas magistradas, lo que causa “indefensión”.
Otras cuestiones
La abogada de Miguel Archanco, expresidente de Osasuna, Chelo Sola, ha pedido la comparecencia de un apostador profesional referido como "Milton" que informó al presidente de LaLiga, Javier Tebas, sobre una apuesta de 250.000 euros al empate entre Espanyol – Osasuna.
Sola ha hecho esta petición en el primer día del juicio contra seis exdirectivos de Osasuna, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva por el supuesto amaño de partidos.
Con esta declaración, la abogada pretende aportar pruebas ante la posibilidad de que esta apuesta esté relacionada con una supuesta salida de dinero del club por parte del entonces gerente, Ángel Vizcay.
Asimismo, ha solicitado que se acepte como prueba un certificado de pago al entonces jugador de Osasuna Roberto Torres como adelanto de su ficha para explicar la salida de dinero por parte de su defendido.
También ha pedido que se admitan como pruebas los correos personales de Vizcay y que le fueron leídos por el juez instructor alegando que estos sirvieron para coaccionarle en su declaración.
Este punto no ha sido compartido ni por las acusaciones ni por el abogado de Vizcay, Jaime Zuza, que ha manifestado que su defendido ha manifestado que "no fue coaccionado" y ha considerado que estos correos son inútiles para el procedimiento y, en todo caso, vulneran el derecho de privacidad de su defendido
La abogada de Archanco también ha solicitado que los acusados declaren tras la prueba acusatoria, como sucede de forma habitual en el Tribunal que lleva este caso, a lo que se han opuesto desde la acusación alegando que la forma habitual de proceder en procesos judiciales es la declaración previa de los acusados y que esto simplifica el proceso en caso de reconocimiento de los cargos.
En referencia a la acusación de Liga de Fútbol Profesional (LFP), Sola, con la adhesión del resto de abogados defensores, ha señalado que esta debería personarse en el juicio como acusación popular y no como particular al considerar que no es titular del bien jurídico ni se ha visto afectado por los hechos juzgados.
Este hecho, ha indicado, podría tener consecuencias negativas para los acusados, ya que en caso de sentencia acusatoria LaLiga, tendría derecho a indemnización y pago de costas, algo que no ocurre en el caso de la acusación popular.
El letrado de la LFP, Francisco Martínez, ha señalado a este respecto que la entidad es perjudicada y ofendida por el delito de corrupción en cuando que es su obligación defender los valores de la competición, al tiempo que ha indicado que la defensa podría haber hecho esta consideración con anterioridad, algo que, según al fiscal, responde a un interés de embarrar el proceso.
