
El estamento arbitral está viviendo esta temporada una profunda transformación para seguir con su profesionalización desde el punto de vista jurídico.
El pasado 16 de diciembre, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, anunciaba en la Asamblea General en Las Rozas que los colegiados de Primera y Segunda División tendrían un contrato de trabajo y Seguridad Social a partir de la próxima temporada, lo que suponía resolver una exigencia histórica de un colectivo que hasta el momento vivía en una indeterminación jurídica.
Pues bien, la Comunidad Valenciana ha dado otro paso en favor de la dignificación de este colectivo, junto a los técnicos, al prever la posibilidad de que sean reconocidos como deportistas de élite, noticia que adelantó El Mundo.
La Generalitat Valenciana tiene muy avanzado un proyecto de decreto con una serie de medidas de apoyo a los deportistas de élite, en las que incluye a los árbitros y a los tecnicos deportivos de la comunidad autónoma.
En su preámbulo se indica que “con este nuevo Decreto se pretende dar soporte y protección al personal técnico, arbitral y juez que desarrollen su actividad deportiva en el ámbito estatal o internacional […] y de facilitarles la importante labor que desarrollan estos colectivos en dichos ámbitos”.
Dicha norma contempla que la duración de las medidas de protección y apoyo será de tres años una vez se publique en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. En el decreto se concreta que “tendrán la consideración de personal arbitral de élite, quienes participen ejerciendo funciones de aplicación del reglamento técnico en el desarrollo de las competiciones deportivas oficiales de ámbito internacional y que hayan sido designadas y reconocidas por el órgano competente de la federación internacional correspondiente”.
No obstante, los árbitros que se regulen por dicho decreto tienen tres obligaciones que se recogen en la norma: representar a la Comunidad Valenciana en las competiciones oficiales, colaborar con la Generalitat siempre que sean requeridos para ello en los proyectos de deporte base y someterse a los controles antidopaje dentro y fuera de las competiciones.
El proyecto de decreto contempla la elaboración de una lista para organizar las ayudas. Dicha lista “estará integrada por el personal técnico y arbitral que desempeñando su actividad en el ámbito estatal e internacional acrediten cumplir los requisitos establecidos”.
Las medidas de protección que ofrece la Generalitat guardan relación con el acceso a los estudios universitarios o no universitarios, su seguimiento, el acceso a las titulaciones deportivas no universitarias o con la administración pública valenciana.























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