La Superliga Argentina o la evolución social al ritmo de su eslabón más lento

Lo sucedido en las últimas semanas puertas adentro de la Superliga Argentina de Fútbol (en adelante, la “SAF”) deriva de la difícil tarea que se ha encomendado esta institución al proponerse profesionalizar el fútbol argentino.

Cuando el Comité de Disciplina de la SAF determinó que San Lorenzo de Almagro no había pagado salarios a sus jugadores, que presentó declaraciones juradas de modo inexacto y adendas de esos pagos por demás informales, y que Huracán había pagado salarios en forma indebida, librando 89 cheques diferidos por un plazo mayor al permitido, por falta de veracidad de las declaraciones juradas y de registro ante la AFA dentro del plazo máximo de las enmiendas contractuales, el 22 de marzo y el 8 de abril de 2019 resolvió sancionar a ambos clubes por incumplir los artículos 95 y 97 de su Reglamento de Licencias con la quita de seis (6) puntos. De esta manera, la SAF marcaba un antes y un después en el fútbol argentino: los Clubes de la Primera División pueden ser sancionados donde de verdad les duele, en donde la corrupción y el entramado político quedarían en mayor evidencia ante el público, y donde de verdad se advertiría la fuerza coercitiva de un Reglamento, los puntos.

Para entender la repercusión y alcance de estas novedosas, para los argentinos, sanciones, es a la vez necesario explicar que previo a la aparición de la SAF, en el fútbol argentino las penas fueron siempre de carácter pecuniario, y que, dentro del esqueleto normativo creado dentro de los despachos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), estos castigos quedaban siempre obsoletos al ser fijados sobre los derechos televisivos que percibirían al final de cada torneo los clubes sancionados. Siendo lo más claro posible: a los Clubes que incumplieran el Reglamento de AFA se los sancionaba sólo con sumas de dinero que ellos no percibían, no generándoles ningún perjuicio deportivo real y anulando el principal propósito de cualquier reglamento: que se lo respete.

Pero, lamentablemente, el pasado 10 de junio de 2019 cuando el Tribunal de Apelaciones de la Superliga tomó la decisión de dejar en suspenso la sanción que les había aplicado la Comisión de Disciplina a los clubes San Lorenzo de Almagro y Huracán por irregularidades en la presentación de sus declaraciones juradas, la SAF,  quizás retrotrayéndonos una vez más a los tiempos de Julio H. Grondona y contradiciendo el conjunto de reglas asociativas que dieron su origen, marcó un hito sin precedentes en el Derecho del Deporte.

Es que la puesta en suspenso de este tipo de sanciones es algo sin precedentes no sólo a nivel local, sino a nivel internacional: nunca antes se había retrotraído una quita de puntos en el fútbol, y, siendo aún más minucioso, nunca antes se había visto en el deporte que se dejara la quita de puntos sujeta a una condición suspensiva.

Sin ir más lejos que al propio Reglamento de Licencia de Clubes de la SAF, este procedimiento ni siquiera se encuentra regulado allí, por lo que el Tribunal de Apelaciones de la Superliga, como bien señala el Dr. Daniel Roberto Viola, ejerció funciones pretorianas dando un salto por encima de la letra y del espíritu del reglamento existente, "marcándoles la cancha" a las autoridades de la SAF para una reforma del régimen de sanciones según el propio criterio del Tribunal.[1]

En cuanto a las consecuencias más próximas de esta decisión, cabe hacer foco en el principal damnificado por ella, Talleres, quien gracias a la suspensión temporaria de las sanciones impuestas a Huracán, se quedará sin jugar la Copa Sudamericana y, aunque lleve el caso hasta su última instancia, el TAS, no obtendrá un dictamen a favor o en contra hasta luego de iniciado el certamen continental, todo por una resolución absolutamente pretoriana.

Al fin y al cabo, la SAF también evoluciona a la velocidad de nuestro eslabón más lento: el respeto por las normas.

Autor: Agustín Guillermo Rosas.