El expresidente de la Real pide inhabilitar a un político vasco

El expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola reclama diez años de inhabilitación para el exdirector de la Hacienda foral de Gipuzkoa Pedro Mari Ruiz de Azua por un presunto delito prevaricación administrativa en su actuación respecto a las irregularidades fiscales del club donostiarra.

Así se desprende del auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso EFE, dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián, encargado de la investigación del caso, en el que la Fiscalía de Gipuzkoa no formula acusación alguna por entender que la eventual comisión del citado delito no ha quedado "suficientemente acreditada".

El pasado octubre este mismo juzgado archivó la querella interpuesta inicialmente por Badiola contra tres excargos de la Diputación de Gipuzkoa y dos responsables actuales de la institución foral, por supuestos delitos de prevaricación, falsedad y omisión del deber de perseguir delitos.

En concreto, la actuación del expresidente realista iba dirigida contra el exdiputado de Hacienda Pello González, el exdiputado de deportes, Iñaki Galdos, y el exdirector de Hacienda Pedro María Ruiz de Azua, quienes ejercieron estos cargos en la legislatura 2007-2011, así como contra los actuales diputado general, Markel Olano, y subdirectora de Inspección Tributaria, María del Coro Pereiro, quienes desempeñaban los mismos cargos en aquella época.

Sin embargo, Badiola recurrió este archivo ante la audiencia de Gipuzkoa, que confirmó el sobreseimiento de las actuaciones respecto a todos los querellados, salvo Ruiz de Azua, quien de esta manera vio reactivada la querella en su contra y ahora tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.

Esto es así porque la Audiencia constató la existencia de indicios de la posible comisión de un delito de prevaricación en su decisión de tramitar por la vía administrativa el pago irregular, en concepto de derechos federativos y a través de paraísos fiscales, de las fichas de varios jugadores entre 2004 y 2008, en lugar de derivar esta actuación a la vía penal.

Por el contrario, la Audiencia no observó indicios de delito en las otras tres actuaciones denunciadas por Badiola, como la condonación de la sanción de 6,4 millones de euros que Hacienda impuso a la Real por las irregularidades fiscales detectadas, al entender que existían "razones de interés general, de índole económico, vinculadas a la capacidad tractora y dinamizadora de la entidad", que se encontraba en una grave crisis.

También entendió conforme a derecho la subvención otorgada a la Real por el departamento de Deportes que dirigía Galdos en 2009, ya que esta ayuda se dirigía a fomentar la cantera y no el fútbol profesional y atendía a una razón de "interés social", por lo que se ajustaba a la ley.

Del mismo modo, no observó delito de prevaricación en la decisión de Hacienda de prorrogar, en primer lugar, y reducir, después, el alcance temporal de la inspección fiscal a la que fue sometida la Real Sociedad en 2008.

Por estos motivos, las actuaciones denunciadas que afectaban a Olano, González, Galdos y Coro Pereiro fueron sobreseídas y no llegarán a juicio, como en el caso de Ruiz de Azua.