La Abogacía de la Generalitat presenta un escrito de acusación contra Camps

La Abogacía de la Generalitat ha presentado un escrito de acusación "ad cautelam" contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps y otros ex altos cargos del Consell y empresarios en la causa sobre la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia.

El escrito de acusación se ha presentado este martes, en el último día de plazo para presentar los escritos correspondientes, pendiente de que se resuelva definitivamente su petición para que se complete la prueba pericial de la causa, a la vista de que, en la realizada por el interventor, éste advirtió de que no tenía el "criterio técnico suficiente" para evaluar determinados aspectos, según ha podido saber Efe.

La Abogacía de la Generalitat ha presentado esta petición después de que la jueza del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, encargada del caso, haya denegado la petición de estas diligencias suplementarias y/o complementarias para que se haga este informe. Ante esta decisión, los servicios jurídicos del Gobierno valenciano han presentado un recurso reforma para mantener la conveniencia de disponer de este informe.

Aunque la Abogacía quería contar con un informe complementario para tener aún más cerrados determinados aspectos, considera que existen indicios de delito para elevar un escrito de acusación, sin perjuicio de que siga explorando todas las vías procedimentales oportunas en defensa del interés general.

La Abogacía señala que conoció el informe del interventor de la Generalitat, en el que reconoce que "no se dispone del criterio técnico suficiente" para pronunciarse sobre aspectos como los presupuestos que se aprobaron, los precios de los contratos, las valoraciones técnicas o los modificados, cuando ya estaba cerrada la causa, por lo que solicitó diligencias complementarias para que se realizara ese análisis técnico.

No obstante, mantiene que hay indicios suficientes establecidos por la titular del juzgado de instrucción número 17 en su auto de procesamiento para presentar el escrito de acusación por los presuntos delitos de prevaricación y malversación en relación a un circuito que "no iba a costar un euro" y que comportó un desembolso de unos 90 millones de euros.

Pide 7 años y 9 meses de prisión para Camps

En el escrito de acusación, la Abogacía de la Generalitat pide una condena de 7 años y 9 meses para Francisco Camps por malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Según consta en el citado escrito, a cuyo extracto ha tenido acceso EFE, la Abogacía presenta acusación contra catorce personas, entre ellas el expresident de la Generalitat; el exconseller de Infraestructuras Mario Flores y el ex secretario autonómico de Infraestructuras Victoriano Sánchez-Barcaiztegui.

Esta acusación contrasta con la posición de la Fiscalía Anticorrupción en esta causa, que recientemente ha reclamado el sobreseimiento al no observar evidencias de delito y al apuntar que, en el caso de existir, estarían prescritos.

En el auto de incoación de procedimiento abreviado, la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia consideró que se había producido una actuación reprochable penalmente de cuantos, "capitaneados" por Camps, participaron en el proceso "precipitado" y "al margen de la legalidad" para que Valencia acogiera en el verano de 2008 su Primer Gran Premio de Fórmula 1.

Ello llevó al "dispendio de fondos públicos y al gasto de más erario público" al no haberse hecho un detallado planeamiento, según ese auto.

Además, atribuye al expresident un plan en el que implicó a funcionarios, autoridades, personal del Ayuntamiento y de la Conselleria de Infraestructuras y empresas para contar con un circuito de Fórmula 1 para su "rédito personal" que anunció que tendría "coste cero", cuando supuso 88'8 millones de euros entre 2007 y 2017.

La petición concreta de prisión para Camps es de 7 años y un día de prisión y 17 años y 6 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por malversación y prevaricación, además de 9 meses y un día de prisión por tráfico de influencias.

Para Sánchez-Barcaiztegui y Flores se piden 7 años y un día de prisión y 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.

La acusación se dirige contra otras once personas, entre ellas funcionarios de la Administración autonómica y directivos de empresas de la construcción.

Entre ellos figuran Rafael y Tomás Martínez Berna (condenados por haber financiado de forma irregular las campañas electorales del PP valenciano de los años 2007 y 2008), y José Mayor Oreja, para quienes pide una condena de 3 años y 6 meses.