F: El ConfidencialEl expresidente del Racing de Santander Ángel Lavín, conocido por "Harry", ha anunciado que va a recurrir la sentencia que le ha condenado a tres años y medio de cárcel y a indemnizar a la entidad con 216.000 euros por administración desleal porque la ve "injusta" y por "la cantidad de irregularidades" en el juicio.
En un comunicado, Ángel Lavín, que presidió el club de 2012 a 2014, ha destacado la "indefensión" a la que ha tenido que hacer frente en este proceso, que ha tenido lugar a raíz de la querella de los ex jugadores del Racing.
En la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Santander, que se ha conocido este jueves, se señala que el comportamiento de Lavín como presidente fue "desleal", ya que a pesar de estar el Racing en concurso de acreedores y "al borde de la desaparición", adoptó decisiones con "argucia" y el "único fin de gestionar el club, por él o también por terceros, de modo opaco".
En la sentencia, dictada el pasado 25 de marzo y que puede recurrirse, la juez considera "particularmente relevante" la firma del contrato que suscribió Lavín con una empresa (Blue Sistemas y Proyectos) que no tenía personal, ni trabajadores, ni sede social, ni capital, ni "demás elementos que se requieren para el funcionamiento normal" y que añade que estaba "desde el año 2009 en adelante en causa de disolución y sin actividad alguna".
También menciona la juez el sueldo de 72.000 euros que se impuso Lavín como responsable del Racing de Santander entre 2012-2014, sin dar conocimiento de ello a los administradores concursales que se ocupaban de la gestión del club en ese momento.
Sin embargo, Lavín critica que en el juicio no admitieran "ciertos testigos importantes", como el representante legal de Blue Sistemas, o el director general del Racing.
"Durante todo el juicio tuve un sentimiento de indefensión por la forma en que la juez permitió mi interrogatorio al Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, pese a las continuas protestas de mi abogado", señala el ex presidente del Racing.
Su interrogatorio, a su entender, estuvo "plagado de valoraciones más que de preguntas". Y también dice que su letrado no pudo interrogar en las mismas condiciones que las otras partes personadas, y que la juez valoró "de forma inadecuada" sus respuestas.
"Durante el juicio, la propia juez observó allí mismo que faltaban folios en el procedimiento, que estaban mal numerados y que unos documentos estaban incompletos. Mi abogado en ese momento solicitó la nulidad del juicio, que en la sentencia no se ha concedido", agrega.
Y muestra su "extrañeza" de que el fiscal estuviera sentado en el juicio a la derecha de la juez, según señala, "en una situación de privilegio y ventaja" frente a su abogado.
Por otro lado, se queja de que, a pesar de que el proceso ha durado más de siete años, no se le han aplicado las dilaciones indebidas como atenuante.
Por todo ello, va a recurrir "a todos los tribunales que sean necesarios", incluido, en caso de que proceda, el Constitucional, porque cree que la sentencia ha sido "injusta" y que se le ha causado indefensión.

















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