Imagen de archivo de una reunión en el CSDLa nueva Ley del deporte, cuya conveniencia nadie discute, iniciará hoy su tramitación en una fase muy inicial, en el Consejo de Ministros, que abordará el Anteproyecto elaborado por la "Comisión de expertos" seguramente ya con numerosos retoques y cambios.
No se conoce su texto, su contenido (hay algunas filtraciones a prensa), pero sí conocemos cómo se ha tramitado.
Y sorprenden algunas cosas, porque en la elaboración del Anteproyecto se ha seguido un proceso poco participativo respecto a los sectores afectados y en especial de las instituciones y agentes que deberían haber podido decir "algo" previamente a su cierre, o al menos antes de su remisión al Gobierno.
- Existe una "Asamblea General del Deporte", prevista en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, art. 86: "La Asamblea presidida por el Presidente del Consejo Superior de Deportes estará integrada por representantes de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Federaciones deportivas españolas, Ligas profesionales, así como de otras Instituciones y entidades de carácter deportivo, y personas de especial cualificación".
Es inexplicable que esta entidad no haya sido llamada a participar en la elaboración de un planteamiento estratégico y multisectorial preliminar al inicio de los trabajos, y que tampoco haya opinado sobre el texto finalmente acordado.
- La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, también de composición multisectorial, entre cuyas funciones (Real Decreto 460/2015) está "Realizar los estudios, dictámenes e informes que le sean solicitados por el Presidente".
Sorprendente que se haya eludido la participación de este órgano interno en condiciones similares a las indicadas por la Asamblea General del deporte.
- Finalmente, la Conferencia Interterritorial (con los responsables de deporte de las CCAA), ¿tampoco tiene entidad como para haber participado, aunque sea aportando pareceres, en la elaboración de un texto que debe engranar perfectamente con las competencias autonómicas en la materia, no solo de deporte sino de sanidad, educación, etc.?
Tampoco se entiende. Se crea una Comisión de expertos de seis miembros, tres hombres y tres mujeres, en la cual de manera indirecta (atendiendo al perfil y cargos ocupados por sus componentes) están representadas indirectamente las asociaciones de deportistas (en concreto, AFE), las Federaciones deportivas españolas (en concreto, la RFEA), el sector de los centros deportivos privados, los clubes deportivos (en concreto, el FC Barcelona), la Asociación científica en materia de Derecho del deporte (Asociación Española de Derecho Deportivo) y un experto de reconocidísimo prestigio que abandonó la comisión a mitad de los trabajos y que, salvo error, no fue sustituido.
Faltan actores, ¿no? (Ligas profesionales, técnicos...).
Quedará todo el trámite parlamentario, en el que pueden haber muchos cambios e incluso no haber Ley, pero los comienzos no son buenos, no se ha dado participación a agentes importantes.
El diario AS ha desvelado que el borrador pasó previamente sólo por una federación española, la RFEF; tampoco es entendible que no se contará con todas. Ya publicamos ayer que éstas se han quejado al CSD.
Es entendible que se haya querido correr para cumplir un fin, sacar la Ley en esta legislatura, que se prevé corta, pero el objetivo debe ser otro: sacar la mejor Ley posible, con la participación de todos los sectores, claro.







































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