Fuentes del ministerio que dirige Irene Montero muestran su “sorpresa mayúscula” y ven “anómalo” que se bloqueen debates de leyes en la reunión preparatoria del Consejo de Ministros.
“Es necesario dotar al anteproyecto del rigor constitucional que requiere cualquier norma que regula derechos”, indicaron fuentes de Moncloa a El País.
Según informa este medio, “el Gobierno hubiera preferido que este trabajo hubiera seguido los cauces habituales como en la tramitación de cualquier otra ley y que de manera interna se elaborara un texto consensuado”.
La primera semana de febrero, cuando se conoció el contenido del borrador de la ley trans, fuentes de la parte socialista del Gobierno, indicaron que el documento necesita más debate para garantizar la “seguridad jurídica” porque “añade otros elementos de enorme complejidad y suscita muchas dudas”.
Los sectores contrarios a esta ley aplauden el giro dado por el PSOE. Los tratamientos hormonales en menores “en muchas ocasiones irreversibles”, son terapias que ya contemplan hasta 11 comunidades en leyes autonómicas respaldadas por el PSOE.
En cuanto a la exigencia del PSOE de “seguridad jurídica” en la autodeterminación de género, en 2017, los socialistas presentaron una proposición de ley que recogía que cambiar de sexo en el Registro Civil “no precisa de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada”. Así lo recoge también el borrador de la nueva ley trans hecho público por el Ministerio de Igualdad.
Según El País, el PSOE ve como mejor opción fusionar los textos de la ley trans y la ley LGTBI en el Consejo de Ministros del próximo 23 de febrero, e incluso llevar parte del contenido a una tercera ley, la ley de igualdad de trato que se debate esta semana en el pleno del Congreso de los Diputados.
La elaboración de una ley trans está incluida en el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos de diciembre de 2019. El acuerdo contempla también una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, y la citada ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que presentó el PSOE en el Parlamento el 21 de enero, creando un “profundo malestar” de su socio de Gobierno.
Fuentes del ministerio que dirige Irene Montero trasladaron a El País su “sorpresa mayúscula” y ven “anómalo” que se bloqueen debates de leyes en la reunión preparatoria del Consejo de Ministros.
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