La compatibilidad de las ayudas de Estado y la responsabilidad social

Una de las premisas que recogía la Exposición de Motivos de la Ley del Deporte de 15 de octubre de 1990 era que los clubes pasaran a “gestionarse de una manera más responsable”.

Dicha pretensión se enmarcaba en un tiempo en que el conjunto de clubes del fútbol español acumulaba grandes deudas y, para intentar subsanarlas, la citada Ley 10/1990 creó la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Como es obvio dicha providencia, ni constituyó la solución a todos los males de los que adolecía la gestión; ni siquiera se llegó a implantar de forma homogénea, por cuanto que cuatro clubes –Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Club Atlético Osasuna- quedaron exentos de conversión, sin que hasta la fecha hayan variado su forma jurídica.

Como es sabido, las deudas del fútbol, lejos de disminuir, siguieron creciendo, y no fue hasta el comienzo de la segunda década del siglo veintiuno cuando se atisbó una solución al problema, motivada en gran parte por la adopción de modelos de gestión acordes con prácticas de Responsabilidad Social.

Pero esa decisión, acertada a todas luces, no hizo desaparecer de un plumazo las nefastas consecuencias derivadas de las decisiones que se habían adoptado anteriormente. Así, en gran parte del ya extenso –no en vano, va camino de treinta y un años- período de vigencia de la citada Ley, fue habitual la permisividad con la que la Administración trató al mundo del fútbol, concediéndole un notorio trato de favor, bajo la excusa de considerarlo una actividad socioeconómica cuya relevancia parecía justificar cierta condescendencia, en una interpretación errónea de los intangibles identitarios.

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