La ética en la Real Federación Española de Fútbol

Hace prácticamente un mes, lo esperpéntico de la situación generada a raíz de la difusión de unos audios en los que se desvelaban las conversaciones mantenidas entre Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y Gerard Piqué, uno de los jugadores en activo más reconocidos del panorama nacional, con el fin de organizar y dotar de un nuevo formato a la Supercopa de España -como finalmente ocurrió- y las pingües comisiones que dicha operación generaba, plantearon -más allá de las implicaciones estrictamente legales que de ello se pudieran inferir- la cuestión de si verdaderamente existe una cultura ética en el fútbol español.

Tras las peregrinas explicaciones ofrecidas por sus protagonistas y un aparente período de cierto sosiego, el asunto ha vuelto al primer plano de la actualidad con las informaciones aparecidas en el periódico digital El Confidencial que, en una exhaustiva labor de investigación, ha hecho públicas las conversaciones que, al parecer, Luis Rubiales grababa subrepticiamente conversaciones con diferentes personas, entre ellas altos cargos del Gobierno de España, al margen de otras actuaciones que, cuando menos, difícilmente superarían el límite de lo decoroso. 

La cuestión no es baladí, pues la enorme incidencia que tiene el fútbol, unida a su concepción como vehículo de transmisión de valores, debiera ser razón más que suficiente para que sus actores tomaran conciencia de la repercusión de sus conductas y la necesidad de un comportamiento modélico –que, como es evidente, aquí brilla por su ausencia-, por cuanto dichos actos trascienden lo meramente individual y afectan a la credibilidad de todo un sector.

Desde una perspectiva socialmente responsable, entendemos que podría enmarcarse dentro de un problema de gobernanza o, mejor dicho, de interpretación de la misma. La autorregulación que se ha venido propugnando desde hace tiempo como alternativa o complemento a la regulación tradicional, ha llevado a la aparición de numerosos códigos éticos o decálogos internos de Responsabilidad Social, que son elaborados, supervisados y controlados por la propia entidad que los implementa.

El debate ha de girar en torno a si tales instrumentos, tal y como están concebidos, son suficientemente eficaces y, sobre todo, si son observados por las propias organizaciones, de manera que no queden en meros decálogos artificiosos que son aprobados para ofrecer una mejor imagen corporativa, por el beneficio reputacional que pueden reportar y como una suerte de coraza que proteja ante futuras eventualidades, pero que, a la hora de la verdad, pasan a engrosar esa larga lista de documentos de “maquillaje corporativo” que, figuradamente, quedan olvidados en el fondo de un cajón durmiendo el sueño de los justos.

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