Superliga, autorización de competiciones por UEFA-FIFA y derecho de la competencia: una propuesta de lege ferenda

El proyecto de la Superliga, independientemente de que salga o no adelante, ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar determinadas cuestiones desde una mirada crítica, a fin de analizar si el modelo, tal y como está planteado, es válido o necesita cambios.

En concreto, se ha cuestionado si el sistema actual, por el que UEFA organiza y autoriza las competiciones futbolísticas en Europa, y el veto por parte de la UEFA a los clubes “fundadores” de la nueva competición, son acordes al derecho de la competencia.

En el debate han surgido voces que han solventado rápidamente la cuestión invocando la libertad de empresa y derecho de la competencia, apelando al carácter de empresas de los clubes “fundadores” de la Superliga: ¿por qué no iban a poder unas empresas -los clubes- organizar libremente su propia competición? Y ¿qué razón de ser tiene que sea UEFA quien organice y autorice las competiciones?

Lo cierto es que, a mi juicio, para dar adecuada respuesta no basta con acudir al derecho de la competencia, sino que debería abordarse desde una perspectiva que integre el concepto de deporte en la Unión Europea. Y es que no puede perderse de vista que la Unión Europea reconoce al deporte una especial función social, educativa y cultural, y como herramienta “que contribuye al logro de los objetivos estratégicos de solidaridad y prosperidad de la Unión” (en palabras de la Comisión Europea). Los clubes no son, por tanto, empresas al uso, ni las competiciones deportivas son como cualquier otra actividad.

Pero del análisis se descubrirán ciertas debilidades del sistema actual. Así las cosas, estos días han surgido muchos interrogantes que no han tenido una respuesta unívoca: ¿es posible la Superliga al margen de la UEFA? ¿puede ésta sancionar a los clubes por llevarla a cabo? Si es así, ¿cómo?

Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo último servir como propuesta de lege ferenda para que las federaciones deportivas internacionales se doten de los instrumentos adecuados, que den plena seguridad jurídica y sean ajustados al derecho comunitario, evitándose así nuevas hecatombes como la de la pasada semana.

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