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La Audiencia Nacional confirmó la multa de 90.000 euros que Antiviolencia impuso a la UD Las Palmas por deficiencias en la seguridad del estadio, el fatídico 22 de junio de 2014.
Esta es una de las multas impuestas al club canario por los lamentables incidentes protagonizados por unos incalificables seudoaficionados que, con su invasión de campo, frustraron el ascenso a Primera que el equipo amarillo tenía en la mano cuando ya se había superado el minuto 90 ante el Córdoba.
En el tramo final de la vuelta de la final del playoff de ascenso ante el Córdoba, tuvo lugar una invasión de campo. Tras controlarse, llegó el 1-1 de Dávila y se vivieron imágenes dantescas.
La sanción que confirma la sección quinta de lo contencioso de la Audiencia Nacional responde a las deficiencias que Antiviolencia detectó. Los magistrados, en una sentencia recurrible, explican que "no fueron suficientes ni adecuadas las medidas.
Y detalla que se tomaron otras decisiones "como la apertura de accesos antes de finalizar el encuentro que no estaban justificadas en modo alguno y eran contraproducentes dado el riesgo que generó".
Las condenas y las multas
Los protagonistas de la invasión de campo fueron condenados a dos meses de prisión.
En total, el club fue multado con 180.000 euros y su presidente con 60.001 euros más, multas, estas dos últimas, que por ahora no han sido confirmadas por la Justicia.
La sanción que acaba de confirmar la sección quinta de lo contencioso de la Audiencia Nacional responde a las deficiencias que Antiviolencia detectó en las medidas de seguridad del estadio cuando se produjeron los altercados. Los jueces hablan de un "incumplimiento de las medidas de seguridad aplicables" por parte del club, adoptando medidas "insuficientes" tanto antes como después de la invasión de campo que obligó a parar el encuentro.
La UD Las Palmas se vio obligada a consignar el importe de las multas que le fueron impuestas como consecuencia de los tristes incidentes del partido contra el Córdoba de 2014, para poder recurrirlas en la vía contencioso-administrativa.
Los recursos en la vía administrativa concluyeron de forma desfavorable para el club, motivo por el que el club canario acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa.
La invasión de campo provocada, cuando solo restaban unos segundos, forzó una parada que resultó diabólica. Luego llegó el tanto del empate de Dávila para el Córdoba, que dejó a la UD sin opciones para sellar el ascenso a Primera División y supuso el del club andaluz después de 42 años.
La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte propuso en su dia sancionar a la UD por tres irregularidades de índole 'muy grave' -con un montante de 90.000 euros cada una-.
La primera de ellas por 'Deficiencias en las medidas de permanencia y desalojo de espectadores al no impedir que se introdujeran, encendieran y lanzaran dos bengalas en el recinto de Siete Palmas', ahora confirmada por la Audiencia Nacional.
El 22-J dejó a la UD sin ascenso pero activó el sentimiento amarillo de la Isla. Se abonaron 15.000 fieles y el club, con Paco Herrera como técnico, ascendía 364 días después (21-J). Finalmente, está temporada, el equipo amarillo retornó a segunda división por deméritos propios.
La Fiscalía no abrió diligencias
El fiscal jefe de Las Palmas y portavoz, Guillermo García-Panasco Morales, en junio de 2014 informó de que la Fiscalía no abriría diligencias contra el Club UD Las Palmas por los incidentes ocurridos en el Estadio de Gran Canaria durante los últimos minutos del partido ante el Córdoba CF el pasado domingo.
García-Panasco explicó entonces que la Fiscalía no ve responsabilidad penal del Club por los delitos de perturbación del orden público, de lesiones, de daños y de hurto durante los incidentes en el césped del Estadio. No obstante, la investigación busca depurar la responsabilidad de los espectadores que saltaron al terreno de juego y presuntamente cometieron los delitos mencionados.
El fiscal jefe, aclaró, sin embargo, que este hecho no eximia al Club de la responsabilidad en un supuesto incumplimiento de la Ley del Deporte por la apertura de puertas del recinto de Siete Palmas minutos antes de la finalización del partido, que deberá juzgarse por la vía administrativa.
VER ACUERDO DE LA COMISIÓN ANTIVIOLENCIA
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