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La Comisión de Igualdad del Congreso, que ya lo abordó en 2016, volverá a tratar el jueves 17 de mayo, las cláusulas antiembarazo que algunos clubes exigen a sus deportistas, esta vez a propuesta de Esquerra Republicana (ERC).
La Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Congreso de los Diputados ya había abordado el asunto el 14 de diciembre de 2016, cuando aprobó una Proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos que finalmente fue consensuada con el PSOE.
La formación republicana incide en la cuestión y subraya que se trata de una práctica "ilegal" que equipara el embarazo a los supuestos que pueden provocar la resolución unilateral del contrato, como el positivo por dopaje, la práctica de deportes de riesgo o la conducta indecorosa.
A través de otra PNL, ERC reclama al Gobierno "modificaciones legislativas" que pongan fin y "prohíban de forma expresa" la introducción de estas cláusulas antiembarazo en los contratos de estas mujeres, ya sean deportistas profesionales o amateurs.
ERC quiere, también, que por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y las respectivas federaciones deportivas estatales, se advierta a los clubes deportivos de la ilegalidad que supone esta situación y les llama a impulsar, en este caso en coordinación con las comunidades autónomas, las oportunas inspecciones para detectar y, en su caso, sancionar, aquellas instituciones que lleven a cabo esta práctica.
Las cláusulas antiembarazo son un problema que las deportistas profesionales llevan denunciando durante años. Se incluyen en los contratos que firman, generalmente, las deportistas más jóvenes y quesuelen tener una carrera deportiva por delante. El objetivo es que esta actividad no se vea truncada o interrumpida por el embarazo de la jugadora.
Ciudadanos ha reiterado su preocupación en la Cámara Baja por este tema registrando una pregunta parlamentaria a la que el Gobierno respondió asegurando que ya se había puesto en contacto con el Consejo Superior de Deporte (CSD) y con los presidentes de las federaciones deportivas para que vigilaran y actuaran en este sentido.
Además, el Ejecutivo recalcaba en su información que el Estatuto de los Trabajadores establece como "nulos y sin efecto" aquellos preceptos reglamentarios, cláusulas de convenios colectivos o decisiones unilaterales del empresario que den lugar a situaciones de discriminación directa o indirecta, detallando entre sus razones la discriminación por género.
Esta respuesta se registró en marzo de 2017 y, ahora ERC señala que la situación sigue igual. En este sentido, la formación denuncia que es un ejemplo más de que el deporte femenino es "ninguneado", a pesar del continuo aumento de su práctica y de sus logros. A su juicio, la Administración "no ha ejercido la tutela" de estas mujeres y "esta dejación" las ha dejado "en una situación de desamparo legal" en muchas ocasiones.



















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