Miguel Ángel Ramírez denuncia que es objeto de una "persecución"

El accionista de referencia de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, ha defendido hoy que no ha hecho "nada ilegal", que sufre una "persecución" y que, en las causas que tiene abiertas por presunto fraude a la Seguridad Social, no se le trata "como a un ciudadano más".

"Estoy sufriendo una campaña de acoso y derribo que no me va a amedrentar. No me voy a rendir, ni me voy acobardar. Voy a luchar, porque tengo la razón", ha manifestado Ramírez, que sostiene que si no fuera el presidente de un club de fútbol, la UD Las Palmas, no sería más que "uno de los muchos empresarios que desgraciadamente tienen en este país problemas laborales o con la justicia".

En una rueda de prensa convocada en el estadio de Gran Canaria para valorar las consecuencias del descenso de su equipo a Segunda, Ramírez se ha pronunciado extensamente sobre las querellas que la Fiscalía de Delitos Económicos le ha interpuesto en los últimos años por la política salarial seguida por Seguridad Integral Canaria.

Esta compañía aprovechó la reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012 para descolgarse del convenio nacional del sector y pactar con su plantilla un acuerdo de empresa con sueldos mucho más bajos que los de su competencia, lo que le permitió ganar numerosas licitaciones públicas convocadas mediante subasta a la baja.

Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó en 2016 ese acuerdo y condenó a Seguridad Integral a pagar a sus empleados los salarios del convenio nacional del sector con efecto retroactivo, lo que llevó a la empresa a declararse en suspensión de pagos.

Ahora la Fiscalía ha vuelto a querellarse contra él al entender que ha dejado de cotizar al menos un millón y medio de euros al no abonar los sueldos del convenio nacional.

Ramírez se ha mostrado hoy convenido de que ganará los pleitos y ha defendido su derecho a crear una empresa de vigilancia "low cost", a semejanza de lo que pasa en otros sectores.

"Me hace gracia: una compañía aérea puede montar una aerolínea 'low cost', una compañía de supermercados puede tener productos 'low cost'... Aquí todo el mundo puede tener productos 'low cost', pero una empresa de seguridad hace un convenio para ser una compañía 'low cost' y es delito", ha argumentado.

Tras enfatizar que desde 2011 no tiene ninguna responsabilidad en la gestión de Seguridad Integral Canaria, de la que dice querer retirar parte de sus inversiones, porque ya "ni pisa" su sede, Ramírez ha insistido en que sufre una persecución, en la que ha incluido directamente a los sindicatos, a las empresas de la competencia y a la Fiscalía y, de forma implícita, al juez que lo puso en busca y captura.

"Cuando se cita a alguien para acudir a una comparecencia judicial, si no puede acudir, le dan otra fecha y no pasa nada. Lo mío es peor que eso. A mí nunca se me citó y no ha habido ni un medio de comunicación que haya dicho la verdad. Nunca fui citado para acudir al juzgado. Dejaron la citación en Seguridad Integral canaria y yo hace años que no voy allí", ha argumentado.

Una sóla causa judicial

Ramírez terminó deshaciendo un bulo que lleva tiempo circulado por las redacciones, el referente a cuántas causas judiciales tiene pendientes el presidente de UD Las Palmas.

Ramírez subrayó que sólo tiene pendiente la causa penal derivada del asunto de Seguridad Integral Canaria en un periodo en el que él ya no pertenecía a la empresa. Ramírez no entiende cómo un asunto puramente administrativo, es decir regularizar las cotizaciones a raíz de la sentencia del Supremo que anuló la reforma laboral cuya aplicación se hizo correctamente en su momento.

Entiende que si la norma es anulada, lo procedente era pagar la diferencia, no ser víctima de una causa penal. "Me multaron con un millón y medio por un déficit de cotización de la misma cantidad".

No comprende cómo un cambio normativo conduce a una imputación penal cuando, dice, es evidente que nunca hubo voluntad de delinquir. La empresa aplicó la norma y el convenio canario descolgado, que en cada momento estaba vigente.

Por último, también hizo alusión a otra condena penal de la que fue objeto por una obras en suelo prohibido, recordando que esta condena ha quedado en papel mojado desde el momento en que el tribunal de lo contencioso administrativo avaló aquellas obras. Este es el asunto que se llevó a indulto, el cual fue anulado por motivos formales y está pendiente de volver a dictarse.

'Por supuesto, mis servicios jurídicos han presentado los correspondientes recursos y preparan nuevas acciones legales que entendemos son las adecuadas ante el acoso y derribo de que soy objeto', vino a decir Ramirez.