Menos de 100 días para que el Real Murcia evite otro posible descenso administrativo

No corren buenos aires cerca del Mar Menor. El Real Murcia cumple su cuarta temporada consecutiva en Segunda División B desde que en el curso 2013-2014 fuese descendido administrativamente. El 31 de julio de 2014 LaLiga comunicaba al conjunto grana que la Comisión Delegada había acordado por unanimidad la no inscripción del club en la competición de cara a la próxima temporada.

El motivo, según la resolución, era “el no cumplimiento de los ratios económico financieros previstos en el apartado 17º del artículo 55 de los Estatutos Sociales”. Tras más de mil días en la categoría de bronce, el panorama no se aclara.

Con una deuda superior a los 45 millones de euros, el Real Murcia está en disputa por dos grupos inversores: uno capitaneado por el empresario mexicano Mauricio García de la Vega, quien presuntamente se cree que es el nuevo dueño desde el pasado mes de diciembre.

El otro es la empresa de Orihuela Gálvez Brothers, la cual ha pedido al Consejo Superior de Deportes (CSD) el visto bueno para adquirir el 84,2% de las acciones del conjunto murciano. Como medida de presión esta empresa anunció que había abonado a la plantilla una de las nóminas que tenían pendientes de cobrar.

La Ley del Deporte obliga a que los grandes movimientos accionariales en los clubes necesiten de la autorización del Consejo Superior de Deportes. En concreto indica que “toda persona física o jurídica que pretenda adquirir acciones de una Sociedad Anónima Deportiva o valores que puedan dar derecho directa o indirectamente a su suscripción o adquisición de manera que, unidos a los que posea, pase a detentar una participación en el total de los derechos de voto de la sociedad igual o superior al veinticinco por ciento, deberá obtener autorización previa del Consejo Superior de Deportes”.

Pese al gesto con la plantilla, la confusión no ha desparecido. De hecho, los jugadores no tienen la certeza de quién les ha abonado una de las nóminas que el club les debía.

El centrocampista David Sánchez, ex del Atlético Baleares, confirmó en sala de prensa el pasado 14 de marzo que no sabían cuál de los dos grupos inversores había abonado la nómina cobrada: “Hemos cobrado un mes, aunque no sabemos quién ha pagado la nómina, pero es un problema que tienen que solucionar ellos. Nosotros estamos pendientes de las jornadas que quedan”.

Sólo la clasificación matemática para el play off de ascenso, única opción real de ascender, es lo que hace que jugadores y aficionados olviden la enrevesada situación institucional del club. Las tres victorias consecutivas que el equipo de José María Salmerón ha conseguido han hecho que el conjunto grana vuelva a asomar la cabeza entre los cuatro primeros del grupo cuarto de la categoría de bronce y logre enganchar a su afición.

Pero haya ascenso o no, el fantasma del descenso administrativo planea por la Región de Murcia. Y es que el panorama debe de aclararse antes del 30 de junio, día límite para que el propietario del club o el gestor encuentre los recursos económicos para que se puedan pagar las deudas pendientes tanto a la plantilla como a los empleados del club.

Así lo recoge la normativa de la Real Federación Española de Fútbol, reformada el pasado mes, que protege al futbolista: “A las 12:00 horas del último día hábil del mes de junio de cada año, los clubes habrán de tener cumplidas íntegramente, o debidamente garantizadas a satisfacción del acreedor, sus obligaciones económicas contraídas y vencidas con futbolistas, técnicos o con otros clubes, reconocidas o acreditadas, según los casos, por los órganos jurisdiccionales federativos o por las Comisiones Mixtas”.

A ello hay que sumar que, en caso de que hubiese denuncia o requerimiento al club por algún impago, “deberá acreditarse el cumplimiento de las sentencias firmes dictadas por los Juzgados o Tribunales del orden social de la jurisdicción, y cuyo objeto no pueda ser tratado bien por los órganos federativos, bien por las Comisiones Mixtas”. Por ello ha comenzado la cuenta atrás.

Peligra un posible ascenso

La situación se enmarañaría de verdad en el caso de que el club ni tan siquiera consiguiera presentar un aval o una garantía de pago antes del 30 de junio. En este caso podría repetirse la desagradable situación de la temporada 2013/2014, donde el conjunto de Julio Velázquez, que había terminado en cuarta posición en la Segunda División, descendió administrativamente por incumplir los ratios económicos.

En esta ocasión, el descenso no lo efectuaría LaLiga, sino que estaría en manos de la Real Federación Española de Fútbol, al tratarse de Segunda División B. El reglamento federativo establece que “cuando el equipo moroso fuera de los que militaron en Segunda B, no podrá participar en la que, por su puntuación, hubiera quedado integrado al término de la temporada anterior, pudiendo sólo hacerlo en la inmediatamente inferior”. Por lo tanto, de lograr el ascenso a Segunda, quedaría inscrito a la “inmediatamente inferior”, es decir, se mantendría en Segunda B.

A ello la normativa añade que “en ningún caso, aunque por su puntuación obtuviere el ascenso, un club podrá adscribir equipos a la categoría en que contrajo las deudas impagadas hasta que las hiciere efectivas”.

Libertad de los futbolistas

Pero el Real Murcia no sólo sería golpeado institucionalmente con un no ascenso a Segunda o un descenso a Tercera División en caso de impagos. Todos los jugadores de la plantilla grana quedarían libres para firmar por el equipo que quisieran. Así lo indica la normativa. No importa si se debe dinero a uno, dos, diez o veinte jugadores. Con que se deba una sola nómina el uno de julio, a partir de ese mismo día todos los jugadores serán agentes libres.

El reglamento de la RFEF establece que “todos los futbolistas del equipo moroso quedarán en libertad para inscribirse en el que deseen”.

Por lo tanto, en lo deportivo el Real Murcia tiene siete jornadas por delante para buscar un play off que le acerque a la tranquilidad deportiva. El embrollo institucional del club es un mal endémico en las últimas temporadas. Una cuerda que estiran dos inversores para hacerse con las riendas del club. Queda por ver cuál será la fecha en la que aparezca un nuevo propietario confirmado o reconocido por todas las partes que ponga calma en un club devorado por la incertidumbre en los últimos tiempos. Sea cual sea, deberá de ser antes del 30 de junio.