¿Año Nuevo, Ley del Deporte nueva?

Ha comenzado la cuenta atrás para destapar el año 2018, año de muchas citas y aniversarios importantes. Uno de ellos, aferrándonos al sector jurídico, el de la Constitución Española, norma suprema de nuestro ordenamiento que celebrará su cuarenta aniversario. Y a esa nueva anualidad llegaremos con muchos de los pilares de nuestra democracia cuestionados. No por su utilidad, que no está puesta en duda, sino por su obsolescencia.

La Constitución Española, que costó tantas décadas conseguir implantar, llegará a su cuarenta aniversario más marcada que nunca. Con una facilidad por destacar sus carencias mucho mayor que por reconocer sus aciertos. Puede parecer paradójico que en los tiempos de mayor democracia o libertad en la sociedad española haya tantas quejas. Pero quizás no sea un mal síntoma. Hay que saber adaptar las normas que nos ponemos en el contexto que vive cada sociedad. Quizás haya que dar la razón al holandés Potgieter, quien defendía que “sólo la renovación puede mantener”, mientras que “el que se queda parado, se retrasa”.

Una de las ‘hijas’ de la Constitución, la Ley del Deporte, cumplirá su 28 aniversario estando más cuestionada que nunca. El debate engloba a quienes consideran que es una herramienta completamente obsoleta y a los que defienden que no está mal, pero es mejorable. Dos opiniones que no verían con malos ojos un lavado de cara de la, en teoría, principal regulación deportiva de nuestro país.

Pero en el fondo el contexto sobre el que se mueve la Ley del Deporte quizás no haya cambiado tanto. En el preámbulo de 1990 se justificaba su aprobación diciendo que el deporte constituía “una de las actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de movilización y convocatoria”. Ese poder de convocatoria del deporte sigue estando presente hoy en día, además, multiplicado por tres. Prueba de ello es que en el siglo pasado la gran mayoría de los recintos deportivos de élite no tenían los aforos que tienen ahora. Y aun teniendo mayor aforo ahora se llenan. Por lo tanto, el principal factor que debería de tener en cuenta la nueva ley del deporte es la mediatización (todavía más si cabe) de los deportes mediáticos y no mediáticos, valga la redundancia. Como dijo recientemente el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, “en España nunca ha habido tantos eventos deportivos de tanto interés”.

De otra parte, el mismo preámbulo de 1990 defendía que el deporte “es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos”. Ese fomento de la igualdad se ha ido viendo en las últimas décadas en la selección española, con la nacionalización de jugadores extranjeros o de otra raza. Pero más recientemente y con más claridad esta igualdad se está viendo a través del fomento del fútbol femenino. Pese a que los poderes públicos y las normativas deportivas abogaban por fomentar la igualdad como un valor pilar en el deporte, en la práctica el fútbol femenino ha estado despreciado desde todos los ámbitos. La llegada de un patrocinador importante y su incursión durante algunas semanas en La Quiniela han ayudado a poder competir de manera más real por esa igualdad. Ahora solo falta que la próxima Ley del Deporte lo ayude a consolidar.

Sin embargo, si hay algo distinto de la sociedad deportiva actual de la de 1990 es el ámbito tecnológico. La tecnología ha supuesto la Tercera Revolución Industrial. Prueba de ello es cómo han cambiado todas las formas de comunicación entre las personas y cómo han variado las estructuras empresariales, en especial, las del periodismo. Tanto es así que en el caso del deporte se ha llegado hasta el punto de considerar como deporte la competición de videojuegos. Los llaman eSports. De hecho, en las Islas Canarias ha habido un arduo debate sobre si se deben de integrar estos eSports en la Ley del Deporte.

Pero esa conquista de la tecnología en nuestros días se puede ver con mayor claridad en el deporte rey. En 1990 ni se contemplaba que el arbitraje pudiera estar ayudado por la tecnología, como sucede ahora en prácticamente todas las principales ligas europeas a través del Hawk-Eye u ojo de Halcón, o el VAR (Video Assistant Referee). Tampoco se contemplaba que en el tenis existiera el ojo de halcón, una práctica que apenas tiene diez años y que con toda la naturalidad y normalidad del mundo se ha hecho imprescindible hoy en día.

Por lo tanto, vemos que el escenario actual, pese a seguir la misma línea económico-social, tiene varios matices que lo hacen en cierto modo diferente. Ello ha llevado a los principales dirigentes españoles a señalar el anacronismo de la Ley del Deporte actual. Ese anacronismo se ve en el auge de la profesionalización de los deportes minoritarios, en la conversión de los clubes deportivos en sociedades anónimas (de ahí que choque con la Ley Concursal de 2003), la cuestionada distribución de las competencias deportivas o simplemente la delimitación de la jerarquía normativa.

Ya se han dado los primeros pasos para derogar la Ley del Deporte de 1990 a través de una nueva ley. Como decía recientemente Rafa Nadal, el primer paso para arreglar una cuestión es querer arreglarla. Varias comunidades autónomas han tomado la iniciativa en la redacción de una nueva Ley del Deporte, quizás para adelantarse a una posible restricción de competencias en una futura Ley estatal.

El PSOE parecer ser el partido más empezado en querer “superar el obsoleto marco legislativo actual del deporte”, en palabras propias del partido. El Secretario de Cultura y Deporte del partido socialista ha manifestado en las últimas semanas que de cara a este año 2018 quieren “reordenar la estructura competencial del deporte en España, pero no sólo eso, sino también de las Federaciones Deportivas”. Fruto de ese interés por avanzar en ese nuevo marco legislativo deportiva, según informó el partido, ya está puesto en marcha un grupo de trabajo para estudiar los distintos aspectos.

A juzgar por su último programa electoral, la Ley del Deporte que contempla el partido socialista incluiría un Estatuto del Deportista, “donde se dé respuesta a la definición del deportista profesional autónomo y asalariado, a los derechos de imagen” o a las “licencias federativas”.

La profesionalización del deporte en el siglo XXI está presente en todos los ámbitos, menos en el legislativo. Los contratos profesionales están en auge y los derechos audiovisuales de cada vez comprenden un producto más completo. Sin embargo, queda esa cuenta pendiente. Un marco que, si bien no engloba todas las necesidades de un deportista del año 2018, por lo menos deje una estructura medianamente clara para que se puedan desarrollar de cara al futuro mediante Reales Decretos-Ley o reglamentos. No es pedir poco. Pero por pedir que no quede.