
La querella, redactada por el fiscal Fernando Maldonado, se dirige también, entre otros, contra el presidente de Unipost, que ha sido procesado por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona en la causa abierta a altos cargos del Govern y a empresarios por los preparativos del 1-O.
El juez de Barcelona que sigue el rastro a una trama que supuestamente costeaba con fondos públicos gastos del expresidente Carles Puigdemont en Waterloo investiga ahora al exsecretario de Deportes de la Generalitat Iban Tibau, a quien la Fiscalía acusa de desviar subvenciones para el procés.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que dirige las pesquisas del caso "Volhov", ha incorporado en la causa una querella de la Fiscalía, adelantada hoy por El Periódico, contra Tibau, que fue secretario de Deportes de la Generalitat entre 2011 y 2016.
La Fiscalía acusa a Tibau, que fue sustituido en el cargo por Gerard Figueras -también imputado por el juez del caso "Volhov"-, de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
La querella, redactada por el fiscal Fernando Maldonado, se dirige también, entre otros, contra el presidente de Unipost, que ha sido procesado por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona en la causa abierta a altos cargos del Govern y a empresarios por los preparativos del 1-O.
Según el fiscal, en su calidad de secretario general de Deportes, Tibau era también presidente de diversas entidades públicas deportivas, entre ellas Equacat SA, desde la que en diciembre de 2015 supuestamente ordenó el pago de una factura a Unipost por importe de 17.995 euros "para el pago de los servicios prestados por esta empresa de mensajería en el proceso de independencia instigado por la propia Generalitat de Cataluña".
Esta factura a Unipost, empresa que actualmente se encuentra en concurso de acreedores, fue firmada también por el subdirector de Equacat, Xevi A.R., contra quien también se dirige la querella.
Según la Fiscalía, el consejo de administración de Equacat acordó en julio de 2013 que Tibau y X.A.R. pudieran disponer cada uno de ellos de forma indistinta y solidaria de un límite por operación de seis mil euros.
Además, según sostiene la Fiscalía, Tibau y X.A.R. se valieron "fraudulentamente" de Equacat SA, pese a que no tenía entre sus atribuciones la concesión de subvenciones, para proporcionar ayudas económicas comprometidas por el entonces secretario de deportes a varias entidades deportivas.
En concreto, la Fiscalía detalla que en mayo de 2015 Tibau acordó con el también querellado R.V.C., secretario del Club de Tiro Cassalot de Torà, que Equacat les patrocinaría con 2.916 euros, por lo que se emitió una factura, si bien este patrocinio "nunca se cumplió", por lo que el ministerio público sospecha que se quiso esconder una subvención pública "incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia pública".
Siguiendo una dinámica parecida, según la Fiscalía, Tibau acordó con el presidente del club ciclista Sant Boi, J.R.A., también querellado, que le presentara una "factura mendaz" por la que la entidad cobró 2.000 euros para organizar actividades de promoción de ciclismo de carretera en el Canal Olímpico, que nunca se llegaron a realizar.
También de forma "arbitraria", según el ministerio público, Tibau instó al presidente del Club Poliesportiu i Cultural les Peces, C.P.V. -otro de los querellados-, a que le elaborase una factura de 5.445 euros para la promoción del Canal Olímpico, que finalmente fue firmada por el secretario de deportes el 10 de abril de 2015, a nombre de Equacat.
Según las fuentes consultadas por Efe, la Fiscalía presentó esta querella ante los juzgados de Barcelona en julio de 2020 y, por reparto, recayó en el juzgado de instrucción número 5, que se inhibió a favor del titular del juzgado de instrucción número 1, Joaquín Aguirre, al entender que trataba de hechos conexos con la trama de Volhov.
Aguirre investiga desde 2016 el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a entidades afines a CDC, en una causa en la que también indaga si se desviaron fondos públicos al procés y para costear los gastos de Puigdemont en Waterloo.




























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