El uruguayo "Tony Gorocito" opta por un juicio abreviado pero seguirá en prisión en México

Ernesto Ortiz Rico, abogado del delantero uruguayo, Luis Antonio Gorocito Resende, informó que el ex jugador de los Rayos de Necaxa se apegó a la figura del juicio abreviado, habiendo aceptado la culpabilidad de los delitos que se acusan en pos de obtener una pena menor.

En entrevista con El Clarinete, el letrado aclaró que nunca solicitaron una fianza, sino que buscaron acogerse a esta figura penal para que en un máximo de 3 meses el juez primero de lo penal, Felipe Chávez Gutiérrez, determine la sentencia para el futbolista, que podría oscilar entre 1 año y 8 meses como mínimo y 3 años y 6 meses como máximo.

El abogado agregó que “Tony Gorocito no quiso apelar a la fianza por un tema de solidaridad con Alejandro Molina (el otro ex jugador de Necaxa que está preso desde agosto del 2015 junto con él por las lesiones que le infringieron a Rodolfo Mariscal y que en noviembre de ese año le provocaron la muerte), porque no quiere dejarlo solo (en prisión)”.

A su vez recordó que el pasado 6 de junio le notificaron a su defendido que tenía derecho a salir en libertad bajo fianza al cambiar el delito de homicidio doloso por el de homicidio en riña, con penas más bajas.

Por el delito de homicidio doloso las penas son de hasta 40 años como máximo y 10 como mínimo, mientras que por homicidio en riña las sentencias son de 3 años y 9 meses como mínimo y 7 años como máximo.

Ortiz Rico además reconoció que este miércoles se buscó una audiencia de conciliación con la familia de Luis Rodolfo Mariscal, el estudiante de ingeniería en agronomía de la Universidad de El Llano, de 22 años, que falleció víctima de las lesiones tras participar junto con otros dos amigos y una prima en una riña campal en el estacionamiento del centro comercial Las Palmas la madrugada del 15 de agosto del 2015. La familia del occiso se negó a acudir a la audiencia.

El defensor de Gorocito destacó que la ley obliga a los exfutbolistas a una reparación del daño en sentido económico, cuya cuantía será fijada por el juez al momento de dictarse  sentencia.