La Justicia argentina deberá resolver el amparo de una legisladora contra la AFA

La Diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Graciela Ocaña (foto), presentó el viernes pasado un pedido de amparo ante el Juzgado Federal a cargo de la Doctora María Romilda Servini, con el objeto que el Estado argentino no le pague a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la suma de 390 millones de pesos en concepto de resarcimiento por la rescisión del convenio de asociación de la TV abierta y gratuita, conocido como Fútbol Para Todos. 

Ante el feriado de carnaval (27 y 28 de febrero) se aguarda la decisión para el día miércoles próximo, justamente el día que habría de concretarse el pago por parte del Gobierno del presidente Mauricio Macri, quien resolvió no continuar con los giros de fondos públicos a la AFA antes del vencimiento pactado con el gobierno anterior encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, previsto para agosto de 2019. 

En diálogo con radio La Red, la legisladora Ocaña puntualizó: "Presenté un amparo ante la jueza Servini porque hay supuestos acuerdos en la rescisión. Ese dinero no hay que dárselo a los grandes clubes porque ese dinero es de la gente".

Ocaña reiteró su acusación contra el candidato a ocupar la presidencia de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, presidente del club Barracas Central, a quien se investiga junto a otros dirigentes deportivos que integran el espacio Ascenso Unido, por presuntos cobros irregulares provenientes del CEAMSE, empresa creada por los estados de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos del área metropolitana. Tapia es director del ente bipartito y tendría intereses en una empresa de recolección de residuos según denuncia la legisladora. 

Dando fundamento a su presentación, la legisladora expresa: "En La triste historia de nuestro país, los verdaderos perjudicados, los ciudadanos que pagan impuestos. Indirectamente, a través del Estado Nacional perjudicado directo, son los que observan indefensos como se despilfarran caudales públicos. Es que en los hechos se ha subsidiado una actividad privada - futbol - y sus clubes, que no son otra cosa que evasores y deudores impositivos consuetudinarios. La verdad es que se habría inventado un nuevo deporte en reemplazo del fútbol, la malversación de caudales públicos".

"No se puede validar que, escudándose en una figura asociativa como la AFA, los clubes que la integran pretendan diluir y evadir responsabilidades. No ha ocurrido un cambio mágico de autoridades ni de estructuras, continúan en su lugar los mismos dirigentes que ha llevado al futbol argentino a esta situación y se habrían beneficiado con fondos públicos de todos los argentinos gastados si control".

"Considero que el Tribunal a vuestro cargo no puede permanecer ajeno a los pormenores y antecedentes de este tipo de acuerdo y/o negociaciones. Existe un interés superior, el establecimiento de la verdad jurídica objetiva y, además, la tutela de los intereses y bienes jurídicos protegidos por la ley. Es mi humilde opinión que V.S debería requerir todos los antecedentes relacionados con las negociaciones entres las partes tendientes a la rescisión del contrato y adoptar un rol de control y resguardo de los fondos e intereses públicos comprometidos. En otras palabras, evitar que la plata de los argentinos no sea otra vez utilizada para "rescatar" a unos vivos que malversaron caudales públicos, evadieron al fisco e incumplieron sus deberes" continúa su exposición la legisladora Ocaña.