El Elche aún acusa el impacto anímico un año después del descenso administrativo

El descenso administrativo del Elche a Segunda División por deudas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria cumple mañana domingo, 5 de junio, un año después que el Juez de Disciplina Social de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) dictaminara una resolución histórica.

De hecho, fue una decisión sin precedentes en la máxima categoría del fútbol español y que aún mantiene en estado de 'shock' a parte del club ilicitano.

Aquella resolución, recurrida legalmente por el consejo de administración, provocó un terremoto en todas las áreas de la entidad.

Hubo cambio de directiva, de cuerpo técnico, de plantilla, completamente remodelada, y aún hoy en día la afición, cuyo sentimiento es una mezcla de indignación, incomprensión y nostalgia, permanece aturdida.

El Elche, entrenado por Fran Escribá, había firmado una segunda vuelta extraordinaria, acabando la Liga en la décimo tercera plaza tras asegurar la salvación a falta de tres jornadas.

El equipo, a pesar de las limitaciones y sanciones impuestas por la LFP, había tenido un comportamiento sobresaliente y la afición se ilusionaba con una tercera temporada en Primera tras haber logrado asentar el proyecto en la elite después de un cuarto de siglo de espera.

Desde enero de 2015, los rumores sobre un posible descenso administrativo comenzaron a sonar con fuerza en Elche. Incluso la entonces alcaldesa, Mercedes Alonso, llegó a dar la voz de alarma tras una reunión mantenida con los dirigentes de la Liga.

Estas amenazas de descenso y los problemas para encontrar financiación aceleraron la caída del consejo que presidía José Sepulcre y llevaron al palco al empresario Juan Anguix, cuya primera promesa fue hacer pago a la deuda con Hacienda para garantizar la continuidad del club en Primera.

Tras varias semanas de negociaciones, Juan Anguix llegó a anunciar el acuerdo con Hacienda en mayo tras abonar un pagaré por valor de 3'5 millones de euros y aplazar el resto del pago de la deuda.

El problema parecía solucionado y la afición del Elche volvía a respirar tranquila, pero la resolución del Juez de la LFP días después no dejada dudas al respecto: la cantidad adeudada no estaba ni abonada, ni aplazada, ni garantizada.

Nada más conocerse la noticia, la afición del Elche comenzó a movilizarse realizando varias concentraciones populares en puntos emblemáticos de la ciudad, como el estadio o junto al Ayuntamiento, aunque la más representativa fue la marcha celebrada en julio con más de 10.000 personas por las calles de la ciudad.

Paralelamente, el consejo inició una batalla legal presentando recursos al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que perdió, y posteriormente llevando el caso a la Audiencia Nacional, que finalmente mantuvo la decisión de la LFP y dictaminó el descenso del Elche el 21 de julio. Tampoco prosperó, posteriormente, el recurso presentado en el Juzgado de lo Mercantil.

Tras fracasar los recursos, el consejo del Elche, que había llegado como salvador, comenzó a sufrir dimisiones en su seno ante el vacío que se avecinaba y el vértigo a un nuevo descenso con amenaza real de desaparición.

Con solo una semana de plazo, el club debía ahora evitar un nuevo descenso, en esta ocasión por la deuda con los jugadores. Anguix asumió su incapacidad para generar recursos y un grupo de empresarios de prestigio, liderados por Juan Perán y apoyados por el alcalde, Carlos González, realizó un llamamiento a la afición para con las aportaciones económicas de todos salvar la situación.

El club logró reunir el dinero para pagar a AFE, pero durante esos días de zozobra perdió por el camino a toda su plantilla de jugadores, ya que solo José Ángel Alonso, lesionado, y Álvaro Giménez, un canterano, permanecían en la plantilla del pasado curso.

El Elche, dirigido por una junta gestora, que posteriormente mutó en un consejo formado presidido por Juan Serrano, logró formar una plantilla en un tiempo récord e iniciar la temporada con Rubén Baraja como entrenador, quien había sido contratado apenas un mes antes por Anguix para entrenar en Primera.

La presencia en el consejo de dirigentes de etapas anteriores, como Jaime Oliver y Paco Sánchez, ha sido uno de los motivos por los que la actual cúpula directiva no termina de estar bien vista por los aficionados, ya que los consideran cómplices del descalabro institucional.

Antes de su salida, el consejo de Anguix presentó una demanda contra la LFP por daños y perjuicios provocados por el descenso en la que se exige una indemnización de 61 millones de euros que sigue su curso y que ha sido mantenida y apoyada por los actuales dirigentes.

Más allá de una batalla legal que se antoja larga, el descenso administrativo se ha dejado notar a nivel económico, deportivo y anímico. Los ingresos del club se han reducido, la plantilla mutó por completo y la presencia de aficionados ha menguado. De 25.000 socios se pasó a 12.000.

Ni siquiera la notable trayectoria del equipo ilicitano esta temporada, en la que ha llegado a rozar la promoción de ascenso, ha terminado de animar a una afición descreída, aún con evidentes síntomas de depresión tras el sueño arrebatado en los despachos.