Caso Villar: la última palabra la tiene Cardenal

Mañana viernes está previsto que reúna el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) en su reunión semanal de todos los viernes. Entre los muchos asuntos que tendrá sobre la mesa, uno de ellos será la solicitud enviada el pasado día 11 por el Consejo Superior de Deportes donde solicitaba al último organismo de la justicia deportiva española que se incoe un expediente disciplinario al presidente de la Federación Española de Fútbol, Angel María Villar, así como al Vicepresidente Adjunto a la Presidencia en Asuntos Económicos, Juan Padrón.

Solicitud que, como la misma nota realizada por el CSD recogía, se debe “tras haber comprobado la documentación y las alegaciones a los casos del Recreativo de Huelva y del Club Deportivo Marino Tenerife- Sur. Del análisis de dicha información se desprende que la actuación federativa ha podido ocasionar un agravio comparativo y un menoscabo de principio de igualdad de los clubes al adulterar gravemente la competición, lo que pondría en cuestión la imparcialidad de los responsables federativos a la hora de tratar a sus asociados”.

No lejos de acabar ahí, el comunicado continúa diciendo que “igualmente podría constituir una actuación para eludir el cumplimiento de la propia normativa de la Federación Española de Fútbol, tal y como recoge el artículo 49.1 y 192.1 párrafo cuarto del Reglamento General de la RFEF en el caso del Recreativo y del artículo 192.2 apartado g del Reglamento General de la RFEF en lo concerniente al Club Deportivo Marino Tenerife-Sur”.

Especialmente relevante es lo relativo a este artículo 192 donde se recogen los requisitos económicos de los clubes para su participación en las competiciones. Requisitos que no cumplían ninguno de los dos de ahí la ayuda federativa que ha desencadenado todo este procedimiento.

¿Tratará este viernes el tema el TAD o lo retrasará una semana?

Una vez analizado el escrito remitido por el propio CSD al TAD, organismo dependiente de propio Consejo Superior de Deportes, dos son las dudas que se plantean. La primera tiene que ver con la propia apertura del expediente disciplinario al presidente y vicepresidente federativo. Si bien está previsto que el asunto esté encima de la mesa, no está del todo seguro que sea mañana viernes cuando ese adoptar la apertura del citado expediente. Esta medida podría retrasarse hasta el próximo viernes 26 de febrero.

Medida, que conviene recordar, supone el nombramiento de un juez instructor que sería el encargado de llevar un proceso que no suele ser rápido y que, en el mejor de los casos, podría alargarse como mínimo un mes. Porque lo primero que dicho juez debe solicitar es toda la documentación existente sobre el asunto. Una vez la reciba debe poner en conocimiento del mismo a las partes para que puedan realizar las pertinentes alegaciones, especialmente a Angel María Villar y Juan Padrón. Y una vez tenga toda esa información encima de su mesa de trabajo, deberá elaborar una propuesta de sanción que elevaría al propio TAD que es quien, en última instancia, le compete resolver. Son unos plazos legales que podría suponer no tener una decisión oficial al respecto hasta mediados del mes de abril.

¿Serán inhabilitados cautelarmente el presidente y vicepresidente de la Federación Española?

Y la segunda cuestión tiene que ver con una hipotética suspensión cautelar de Angel María Villar, presidente de la Federación como de su Vicepresidente Adjunto a la Presidencia en asuntos económicos, Juan Padrón.

Y aquí nos podemos encontrar con varios escenarios posibles. El primero pasa porque fuera el propio TAD quien, ajustándose al principio de proporcionalidad, decidiera adoptar esta decisión. Es decir que, en tanto en cuanto el procedimiento disciplinario está abierto, decidiera esta inhabilitación. Una medida que está recogida en el Real Decreto sobre Disciplina Deportiva.

Medida que, sin embargo, parece algo improbable por dos razones. La primera y fundamental porque en el propio escrito enviado por el CSD hace una semana  y donde se recoge esa solicitud de apertura de expediente, en ningún lugar hace referencia a la opción de inhabilitación para el máximo responsable de la Federación de Fútbol.

Y la segunda, y no menos importante, porque adoptar esta medida supone un riesgo evidente. Supone imponer “un castigo al afectado antes de conocer el resultado del propio procedimiento” y es fácilmente recurrible ante cualquier juzgado de lo contencioso administrativo. De ahí por ejemplo que el Comité Español de Disciplina Deportivo, organismo existente antes del TAD, nunca adoptara este tipo de medidas cautelares o inhabilitaciones previas.

La segunda posibilidad pasaría porque fuera la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes a instancias Miguel Cardenal , Secretario de Estado para el Deporte, quien decidiera adoptar esta inhabilitación en el cargo del máximo responsable del fútbol español. Algo que también está amparado legalmente para hacer.

Pero también aquí nos encontramos con dos objeciones importantes. La primera, al igual que sucede con una hipotética decisión del TAD; es que también sería fácilmente recurrible por el afectado en la vía contencioso administrativa.

Y la segunda, e incluso más importante es, ¿Por qué iba el Secretario de Estado a inhabilitarle cuando podía habérselo propuesto al TAD? ¿Por qué buscaría ahora esta medida que implicaría privarle de presentarse a las elecciones de la Federación cuando podía haberle perjudicado hace unos meses con la Orden Ministerial que regula los procesos electorales en las Federaciones? Entonces era el momento idóneo para hacer una ley tremendamente restrictiva que “cortara” las manos a Angel María Villar en su deseo de continuar y superar la treintena de años en la FEF.

Porque lógicamente detrás de esta hipotética inhabilitación se esconde el presunto interés de apartar a Angel María Villar del proceso electoral de la Federación Española de Fútbol que ya está abierto y cuyas elecciones están previstas para el próximo mes de abril. Más teniendo en cuenta la guerra abierta entre Miguel Cardenal y Angel María Vilar, antes amigos y ahora enemigos acérrimos. Inhabilitándole supuestamente quedaría el camino limpio para el otro gran candidato dentro del mismo proceso, el Secretario General de la propia RFEF, Jorge Pérez.

¿Por qué no haber endurecido antes la Orden Ministerial de los Procesos electorales?

Pero tiene poco sentido que sea ahora cuando se adopte esta medida tan radical cuando desde el propio gobierno han tenido mecanismos suficientes para complicar esa reelección. Empezando por la citada Orden Ministerial aprobada el pasado 4 de diciembre.  Conviene recordar que en la redacción final de la misma se acabó manteniendo el porcentaje del estamento arbitral, algo de lo que se quejó la propia Federación de Fútbol cuando recibió el primer borrador de la misma. La intención inicial del gobierno era que se redujera entre el 1% y 5% pero finalmente se mantuvo la horquilla que venían teniendo el leyes electorales anteriores y que oscila entre el  5 y 10%. Y no olvidemos que el estamento arbitral está muy significado con el actual presidente de la Federación Española de Fútbol. La pregunta que surge entonces es: ¿No habría sido más fácil hacerlo entonces que no ahora con esta medida tan radical?

E incluso, y ya ajustándonos a la actual realidad política que tiene el país, posiblemente lo que menos le conviene actualmente al Partido Popular es que el deporte y sobre todo el fútbol salte a la primera plana por una medida este estilo adoptada por un organismo que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Así pues, y considerando todos estos elementos, no está nada claro que esta hipotética inhabilitación cautelar vaya a ser efectiva. Especialmente contra Angel María Villar. Y conviene insitir que, en caso de ser así, la sola apertura del expediente solicitado por el CSD, ya sea este viernes como dentro de ocho días, no afectaría nunca al proceso electoral existente en la RFEF, que seguiría su curso manteniendo las opciones intactas del actual presidente para presentarse a la reelección.

Además, no es la primera vez que se solicita la apertura de expediente a un miembro de la Federación Española de Fútbol. Ya se hizo desde el propio CSD siendo secretario de Estado para el Deporte, Juan Antonio Gómez Angulo. Fue con motivo del famoso “Caso Federación”  y donde también estaban implicados Angel María Villar y el propio Juan Padrón.

Ya entonces no se inhabilitó desde la Secretaria de Estado para el Deporte a ninguno de los dos aunque entonces, y a diferencia del actual, el caso acabo trasladándose a la vía penal.

Así pues, parece claro que la última palabra en todo este proceso la tiene Miguel Cardenal. ¡Quién lo iba a decir hace apenas unos años cuando ambos compartían y disfrutaban de una gran amistad, algo palpable y evidente en todos los pasillos de la Ciudad del Fútbol de las Rozas!.