La incertidumbre política podría abocar a España a una suspensión de la AMA

La normativa española antidopaje, que ya ha sufrido reformas para adaptase a las exigencias de la AMA, no ha sido adaptada al último texto aprobado del Código Mundial Antidopaje, que entró en vigor el 1 de enero de 2015.

El asunto es serio, como recuerda Juan Gutiérrez en el diario AS, pues puede desembocar, si no se actualiza antes del 18 de marzo, en una suspensión de funciones de la Agencia Española (AEPSAD) por parte de la Agencia Mundial (AMA).

Cuenta Gutiérrez que la alarma saltó el pasado 18 de noviembre, al término del Simposio para Organizaciones Antidopaje (ADOs), en Colorado Springs. La AMA anunció la suspensión de las Agencias de Rusia (por su escándalo), Andorra e Israel (legislación insuficiente), y Argentina, Bolivia y Ucrania (deficiencias en sus laboratorios).

Pero no se quedó ahí la AMA. Paralelamente enviaba un aviso a otros seis países, a los que sometía a un programa de vigilancia: España, Brasil, Francia, Bélgica, Grecia y México, los cuales disponen del referido plazo que vence el 18 de marzo para cumplir los requisitos.

La AEPSAD reconocía poco después de que la inclusión de España en este listado se debía a que “está pendiente la modificación de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud en el deporte y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, para su adecuación a los últimos cambios realizados en el Código Mundial Antidopaje”.

En la misma nota, la AEPSAD se comprometía con la AMA a modificar la Ley “tan pronto como sea posible, tras la constitución de las Cortes Españolas, celebradas las elecciones generales convocadas

Sin embargo, el retraso en la formación de un Ejecutivo, por la fragmentación del Parlamento español, y la amenaza de la repetición de elecciones planea sobre esa fecha, complica sobremanera la situación y cabe la posibilidad de que no lleguemos a tiempo.  

España ya tuvo que adaptar su normativa antidopaje de 2006 a la anterior versión del Código. Lo hizo en junio de 2013, para que el texto estuviera listo antes de la elección de la sede de los Juegos de 2020, a los que optaba Madrid.