La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sostiene que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realizó pagos "no justificados adecuadamente" por valor de 267.288.638 euros durante al menos ocho años, entre los ejercicios 2009 y 2017.
El Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional ha acordado ampliar tres meses más el plazo de investigación del caso Soule, según adelantó Onda Cero.
La última prórroga comenzó el pasado 29 de julio, al quedar diligencias pendientes de practicar y se acordó hasta finales de octubre.
El magistrado Alejandro Abascal decidió prolongar en abril el plazo de instrucción frente al criterio que han defendido otras partes personadas en el procedimiento.
Entre éstas se encontraba la Federación Española de Fútbol (RFEF), que considera que la actividad instructora está «agotada» después de casi siete años (cinco desde que se abrieron las diligencias previas más el periodo en el que Anticorrupción llevó a cabo diligencias de investigación).
Entre las diligencias pendientes de terminar se encontraba entonces el informe que el juez encargó a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en mayo de 2018 sobre el destino que la RFEF dio a los fondos que le entregó LaLiga en el periodo investigado (más de 344 millones entre 2008 y 2017), su adecuación a los fines previstos en los convenios y la corrección en su contabilización.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sostiene que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realizó pagos "no justificados adecuadamente" por valor de 267.288.638 euros durante al menos ocho años, entre los ejercicios 2009 y 2017.
El informe desmenuza el destino de los fondos transferidos por parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) y concluye que se realizó un sinfín de operaciones con este dinero sin que se acreditara debidamente su destino.
En los capítulos señalados por la Intervención destacan uno de 117.128.021 euros, que se refiere a "honorarios de los árbitros, árbitros asistentes, cuartos árbitros y delegados informadores", y otro de 52.018.761,86 euros supuestamente empleados para la "contribución al fútbol base" cuyo destino también es una incógnita, según dicho órgano fiscalizador.
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