El fútbol femenino, víctima de la nueva ley del deporte antes de ser aprobada

El fútbol femenino profesional se está convirtiendo en campo de pruebas de la nueva ley privatizadora del deporte antes de que sea aprobada.

Las jugadoras, las mujeres deportistas, el colectivo que el Gobierno ha presumido siempre como segmento de especial protección, se han convertido en las primeras víctimas de su nueva filosofía privatizadora del deporte oficial plasmada en la nueva ley que está en el Congreso de los Diputados a punto de aprobarse.

Nuestros lectores saben que llevamos meses denunciando esta cuestión hasta el punto de que algunos puedan tildarnos de pesados, y no les faltará razón.

Pero, lamentablemente, nunca pensamos que el Gobierno fuese capaz de aplicar la nueva ley antes de ser aprobada.

Como hemos explicado hasta la saciedad, esta nueva línea de actuación que el Gobierno ha dibujado en el proyecto de ley se basa en el "laissez faire, laissez passer", «dejen hacer, dejen pasar», es decir, mínima intervención pública. Fue usada por primera vez por Vincent de Gournay, fisiócrata del siglo XVIII, contra el intervencionismo estatal.

Eso y no otra cosa es lo que está haciendo en este momento José Manuel Franco, por mucho que lo disimule convocando reuniones cada vez más urgentes y menos eficientes: "laissez faire, laissez passer".

José Manuel Franco sabe perfectamente que la ley actual le faculta para intervenir en este conflicto y ordenar a la RFEF que designe árbitros alternativos a las falsas huelguistas para que pueda desarrollarse la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Le bastaba aplicar el principio pro competitione, pero no lo hace. Prefiere aplicar la nueva ley, la que aún no ha entrado en vigor, según la cual la organización de las competiciones pasa a ser una función privada de las federaciones.

Hablemos claro: aquí no hay huelga y si la hubiese sería entre las árbitras y la RFEF, no entre ellas y la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Pero no la hay. Ni son trabajadoras por cuenta ajena, ni comunicaron convocatoria de huelga alguna a la autoridad laboral con 5 días de antelación, ni designaron un comité de huelga. Nada de esto se dio.
 

Lo que hay es un incumplimiento de la RFEF del deber de designar colegiadas para que pueda disputarse la liga femenina. Para ello, se escuda en un “parón” supuestamente decidido por las árbitras, las cuales se han ocupado de delatarla al entregarles su representación en el conflicto. Unas "huelguistas" representadas por su patronal. Cosas veredes ...

Pero este Gobierno está decidido a devolver el poder absoluto a las federaciones, el que tuvieron con el franquismo y siempre han querido recuperar. Lo que no habían encontrado desde la ley de 1980 era un gobierno dispuesto a ello.

El de Pedro Sánchez sí que lo está, aunque por el camino deje en la cuneta a 4 millones de deportistas y 75.000 clubes.