El CSD argumentó que la regulación pretendida excede la previsión contenida en el artículo 74.1.c) de la Ley 10/1990, que se refiere a personas que estén federadas.
La Comisión Directiva del CSD rechazó el pasado jueves, entre otras, la pretensión de la RFEF de poder sancionar "a quienes sean miembros de la federación o estén registrados en la misma" sin necesidad de que estén federados.
A tal fin, la RFEF elevó al CSD una reforma del art. 3 de su Código Disciplinario, cuya redacción actual reza como sigue:
"1. La Real Federación Española de Fútbol ejerce la potestad disciplinaria deportiva sobre todas las personas que forman parte de su propia estructura orgánica; sobre los clubes y sus futbolistas, técnicos y directivos; sobre los árbitros; y, en general, sobre todas aquellas personas o entidades que, estando federadas, desarrollan funciones, ejercen cargos o practican su actividad en el ámbito estatal".
A la hora de rechazar esa pretensión, el CSD argumentó que la modificación pretendida de este precepto, consistente en extender el ámbito de aplicación subjetivo a quienes sean miembros de la federación o estén registrados en la misma, excede la previsión contenida en el artículo 74.1.c) de la Ley 10/1990, que se refiere a personas que estén federadas.
El CSD recuerda que el ejercicio de la potestad disciplinaria es una competencia pública que las federaciones deportivas españolas ejercen por delegación, por lo que su regulación por parte de la RFEF debe ajustarse a los límites establecidos en la referida Ley y en el Real Decreto 1591/1992, sobre disciplina deportiva.
El art. 74 de la ley del deporte restringe, efectivamente, la potestad sancionadora de las federaciones a "... todas aquellas personas y Entidades que, estando federadas, desarrollan la actividad deportiva correspondiente en el ámbito estatal", contenido que se refleja fielmente en el actual art. 3 del Código Disciplinario de la RFEF y que pretendían cambiar.
Si el lector piensa en alguien vinculado a la RFEF que no está federado quizá descubra la motivación que hay detrás de esta pretensión que el CSD ha abortado.
Y no estaría mal encaminado ya que en la misma reunión de la Comisión Directiva del CSD se denegó también a la RFEF la pretensión de considerar a LaLiga como "órgano" de la primera.
La RFEF también elevó al CSD una reforma del art. 18 de sus estatutos en la que se pretendía cambiar el estatus de LaLiga dentro de la Federación.
En el punto 1 de dicho precepto se pretendía conceptuar a LaLiga como "órgano" de la RFEF, lo que también fue denegado por el CSD.
El CSD le recordó a la RFEF que esta cuestión ya fue resuelta y desestimada por la Comisión Directiva en su reunión de 19 de mayo de 2020, en base a que LaLiga (LNFP) no es, efectivamente, un órgano de la RFEF ya que la Ley le reconoce personalidad jurídica propia y autonomía organizativa respecto a la RFEF; y no lo es en la medida en que tampoco lo son las federaciones autonómicas, sin perjuicio de que, en ambos casos, formen parte de la RFEF.
Es inevitable conectar las dos pretensiones de la RFEF abortadas por el CSD. Si LaLiga fuese considerada órgano de la Federación, que no lo es como se ha visto, y esta pudiese sancionar a quienes se integren en la misma aunque no estén federados, imagínense las cosas que podrían ocurrir. No queremos ser más explìcitos pero se entiende perfectamente.
La nueva ley del deporte
Tampoco podemos dejar de conectar todo esto con la nueva ley del deporte, a la que tanto tiempo le hemos dedicado para alertar a los clubes y deportistas del peligro que les acecha.
Si resulta que el argumento empleado el CSD para rechazar las pretensiones indicadas a la RFEF es el de que la disciplina deportiva es una potestad pública que el Estado delega en las federaciones, y la nueva ley establece que la disciplina deportiva pasa a ser función privada de las mismas, no hace falta esmerarse mucho para prever lo que podrá ocurrir también este ámbito en un futuro inmediato.
Ancha es Castilla, dirán los presidentes de las federaciones cuando se apruebe la nueva ley.
¿Van comprendiendo por qué tiene tanto interés la RFEF en que la nueva ley liquide el actual modelo público de justicia deportiva para reemplazarlo por otro privado?
Es verdaderamente lamentable que el Gobierno siga sin abrir los ojos para poder visualizar este tsunami que avecina.
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