La ley recoge en su articulado la definición de las profesiones del deporte, los ámbitos de actuación de cada una de ellas y la cualificación que se requerirá para su ejercicio, tanto en el ámbito del deporte profesional como del voluntariado.
El Parlamento Vasco ha dado luz verde a la norma que exige un B2 de euskera a monitores y entrenadores deportivos que ejerzan en el ámbito público y que busca además evitar el "intrusismo" y profesionalizar este sector.
La norma que regula el Acceso y Ejercicio de Profesiones de la Actividad Física y del Deporte en el País Vasco ha contado este jueves con el voto favorable de PNV y PSE, partidos que sustentan al Gobierno Vasco y que presentaron la proposición de ley, así como de EH Bildu.
Elkarrekin Podemos-IU se ha abstenido, Vox ha votado en contra por "la obsesión" lingüística recogida en el texto, algo que también ha censurado el PP+Cs, aunque este grupo ha votado a favor de la mayor parte del dictamen.
La ley recoge en su articulado la definición de las profesiones del deporte, los ámbitos de actuación de cada una de ellas y la cualificación que se requerirá para su ejercicio, tanto en el ámbito del deporte profesional como del voluntariado.
Así, quedarán reguladas todas aquellas profesiones que tienen incidencia directa en la salud y la seguridad de las personas practicantes, tales como profesor de educación física, monitor deportivo en el ámbito recreativo, y entrenador y director en el ámbito competitivo.
La norma tiene un carácter progresivo en su aplicación y da un margen hasta el 1 de enero de 2026 para que quienes ya están trabajando en este campo puedan adaptarse a los nuevos requerimientos, entre ellos el B2 de euskera, un nivel intermedio.
En el artículo 5 de la norma se recoge la cuestión lingüística y ahí se establece que para garantizar los derechos de la ciudadanía vasca en esta materia y la prestación del servicio en euskera, para acceder a las profesiones de la actividad física y del deporte "en el ámbito de los servicios públicos" habrá "que acreditar como mínimo" un B2 "cuando no se establezca otra competencia normativa de la función pública y cuando así resulte necesario por los correspondientes índices sociolingüísticos aplicables".
En el apartado dos de ese artículo también se establece que el Gobierno Vasco pondrá en marcha un plan de cuatro años para la euskaldunización de la formación deportiva y de los profesionales de la actividad física y del deporte tanto en el sector público como en el privado.
Finalmente se indica que en el desarrollo normativo de la ley se recogerán "otras medidas para garantizar los derechos lingüísticos que se indican" en la misma.
El texto presta además especial atención a la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito profesional, mediante la realización de políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las profesiones reguladas y recoge también la creación del Registro de Profesionales de la Actividad Física y del Deporte del País Vasco.
En la pasada legislatura el Gobierno Vasco presentó una proyecto de ley que inició su tramitación parlamentaria pero que finalmente no llegó a aprobarse por la convocatoria de elecciones. En la actual, PNV y PSE, que sustentan al Ejecutivo autonómico, presentaron una proposición de ley que básicamente recogió el texto trabajado anteriormente.
Durante el debate, la representante del PNV Rakel Molina se ha felicitado por la aprobación hoy de esta norma, ha destacado el carácter "flexible" y "progresivo" de su entrada en vigor y ha defendido que es coherente con la política lingüística del Gobierno Vasco.
También ha puesto el foco en la cadencia fijada hasta el 1 de enero de 2026 el parlamentario del PSE-EE José Antonio Pastor, quien ha subrayado que la ley es "respetuosa" con los que ahora están trabajando sin la cualificación requerida.
La representante de EH Bildu Rebeka Ubera ha reconocido que la norma no ha quedado como su formación quería pero ha puesto en valor que se haya podido finalmente regular este ámbito, de ahí el "sí crítico" de la coalición.
Gustavo Angulo de Elkarrekin Podemos-IU ha opinado que se podía haber llegado "más lejos", mientras que Carmelo Barrio (PP+Cs) ha valorado la regulación de este sector aunque ha sido crítico con la "obsesión lingüística" mostrada en la norma cuando los derechos lingüísticos, ha dicho, están ya garantizados "por la normativa general".
La única representan de Vox, Amaia Martínez, ha asegurado que es "absolutamente desproporcionada" la exigencia lingüística recogida en la ley.
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TEXTO ÍNTEGRO DEL TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN DEL PARLAMENTO ANTES DEL PLENO
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