La jueza rechaza secuestrar los Supercopa Files de El Confidencial

El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Pozuelo de Alarcón ha rechazado de plano la petición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de secuestrar las informaciones de El Confidencial que han puesto de relieve las múltiples irregularidades de su gestión.

La RFEF había solicitado silenciar al periódico durante 12 meses como medida cautelar en el marco de la querella presentada contra los periodistas y el medio de comunicación.

Según informa El Confidencial, la magistrada sostiene en su auto que la información "es de interés general", que afecta a "una institución pública" y que en ella se apuntan "hechos de dudosa legalidad".

Afirma que no hay indicios de que el periódico o sus redactores participasen en ninguna sustracción de datos y tacha de especulaciones las tesis del hackeo como origen de la información.

La juez defiende que las revelaciones "afectan a personas con cargos públicos, Rubiales, o con notoriedad, como Piqué, y a una institución pública como es la RFEF, sin que se entienda que se han publicado datos o información de tipo personal o familiar de carácter íntimo". Sostiene que se trata de "información relacionada con el ejercicio de los cargos de las personas a quienes la información afecta, apuntando a hechos de dudosa legalidad, como el cobro de comisiones, pago de viajes de placer con fondos de la RFEF, patrocinios encubiertos, etc.".

Concluye, por tanto, que "la difusión o publicación de noticias de relevancia pública en relación con hechos noticiables se encontraría amparada por el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de información". Cuestiona las acusaciones de Rubiales y a la RFEF de "que la información se ha obtenido de forma ilícita, cuando lo cierto, como se ha expuesto anteriormente, es que no existe indicio alguno de ello".

Les advierte de que su petición de secuestrar las noticias que les afectan “se opone frontalmente al derecho a la libertad de información y de prensa".

Rubiales afirmó en la vista celebrada el pasado lunes que desde que en mayo de 2018 resultó ganador en las elecciones a la Presidencia de la RFEF, su teléfono móvil ha sido objeto de varios ciberataques o intentos de ello, con el único fin de conseguir apoderarse de datos privados y reservados para posteriormente difundirlos. Junto a la querella presentó un informe pericial, según el cual, en julio de 2020 se realizó la instalación de un software de gestión de dispositivos con el fin de extraer la información contenida en los archivos de la carpeta Telegram, álbum de fotos y videos y bases de datos de WhatsApp.

Añade que dicha instalación se realizó desde una dirección IP geolocalizada en Rusia. En la querella se apunta también a la posibilidad de que los querellantes hayan sido víctimas de la instalación del 'spyware' Pegasus. La juez responde que esto "no deja de ser más que una hipótesis que no aparece respaldada o apoyada en dato alguno".