Caso Soule: el informe de la Intervención General refleja 267M sin justificar

El pasado 29 de abril informábamos que el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional había accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce LaLiga y había ampliado tres meses más el plazo de investigación de la causa abierta tras la Operación Soule.

El motivo fue, según adelantó Antonio Salvador en El Independiente, que estaban en fase de elaboración varios informes periciales que pueden ser de gran relevancia para el esclarecimiento de los hechos, entre ellos el informe que el juez encargó a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre el destino que la RFEF dio a los fondos que le entregó LaLiga en el periodo investigado (más de 344 millones entre 2008 y 2017), su adecuación a los fines previstos en los convenios y la corrección en su contabilización.

Pues bien, según informa El Mundo este miércoles, dicho informe ya ha sido emitido y arroja una cifra escalofriante: la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sostiene que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realizó pagos "no justificados adecuadamente" por valor de 267.288.638 euros durante al menos ocho años, entre los ejercicios 2009 y 2017. 

Este órgano ya ha entregado el informe a la Audiencia Nacional, en el que desmenuza durante el referido periodo el destino de los fondos transferidos por parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) y concluye que se realizó un sinfín de operaciones con este dinero sin que se acreditara debidamente su destino.

En los capítulos señalados por la Intervención destacan uno de 117.128.021 euros, que se refiere a "honorarios de los árbitros, árbitros asistentes, cuartos árbitros y delegados informadores", y otro de 52.018.761,86  euros supuestamente empleados para la "contribución al fútbol base" cuyo destino también es una incógnita, según dicho órgano fiscalizador.

Este informe se incorpora a los autos de la Operación Soule gracias a la prórroga decretada por el auto del 28 de abril, un día antes de que expirase la última prórroga concedida. El magistrado Alejandro Abascal decidió prolongar el plazo de instrucción frente al criterio que habían defendido otras partes personadas en el procedimiento.

Entre éstas se encuentra la Federación Española de Fútbol (RFEF), que consideró que la actividad instructora estaba «agotada» después de casi siete años (cinco desde que se abrieron las diligencias previas más el periodo en el que Anticorrupción llevó a cabo diligencias de investigación).

Sin embargo, para el juez quedaban "diligencias pendientes de ejecución (periciales, documentales) que escapan del ritmo de trabajo de este órgano judicial, por lo que resulta razonable y realista ampliar tres meses más la investigación judicial necesaria y ordinaria para concluir esta instrucción".

Los hechos le han dado la razón al juez en cuanto a la conveniencia de prorrogar la investigación.