Los candidatos al Barça deberán presentar un aval de alrededor 125 millones

Confirmada la dimisión del hasta ayer presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, y el resto de la junta directiva, se abre un periodo de transición en el conjunto azulgrana. Esta fase comprenderá desde la constitución de la Comisión Gestora que tendrá el encargo de iniciar el proceso electoral hasta la proclamación del nuevo presidente en el primer trimestre del 2021.

Ya hay varias personalidades que han confirmado la intención de presentarse a estos comicios como el empresario Víctor Font, Lluís Fernández Alá o Toni Freixa. Cualquier precandidato que quiera optar al sillón presidencial del Camp Nou deberá presentar un aval del 15% del presupuesto.

Así lo exigen los Estatutos del Barça: "Para obtener la proclamación de la Junta Electoral, cada candidatura deberá ir acompañada de un documentos firmado por todos sus componentes en el que se comprometan a prestar aval en caso de resultar elegidos, de acuerdo con lo que disponen el artículo 38 de estos Estatutos y la disposición adicional séptima de la ley estatal 10/1990, de 15 de octubre, sobre el Deporte, y disposiciones que la desarrollan, mientras el ordenamiento jurídico exija este requisito".

De momento, la Ley exige este aval, pues la Ley del Deporte de 1990 sigue vigente y su disposición adicional séptima concreta que "antes de comenzar cada ejercicio, la Junta Directiva deberá depositar, a favor del Club y ante la Liga Profesional, aval bancario que garantice su responsabilidad y que alcance el quince por ciento del presupuesto de gasto". 

Esta regla se aplica a Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Osasuna, que son los clubes que a la entrada en vigor de la Ley del Deporte habían obtenido un saldo patrimonial neto positivo desde la temporada 1985/1986, lo que la Ley les permitió mantener su estructura jurídica y no tener que convertirse obligatoriamente en Sociedad Anónima Deportiva.

El pasado lunes, el portavoz del club, Josep Vives, anunció ante los medios que el presupuesto de gasto que había aprobado la directiva y que se llevaría a la Asamblea de socios era de 828 millones, 200 menos de lo esperado, con un beneficio de un millón de euros. Por lo tanto, a priori, el 15% de estos 828 millones saldría una cantidad equivalente a los 124,2 millones aproximadamente, que sería el aval requerido para participar del proceso electoral. Sin embargo, esta cantidad podría incrementar fácilmente debido a los gastos extraordinarios que puedan producirse por la crisis del coronavirus esta temporada.

Vives destacó en la comparecencia que la Junta había tenido en cuenta en varios supuestos incluidos dentro de los presupuestos que dependían de la gestión directa a nivel ejecutivo, mientras que otras dependían de las circunstancias sociales y sanitarias derivadas de la pandemia. Dentro de este presupuesto se incluyen los ingresos derivados de una apertura del Camp Nou al 25% a partir del próximo mes de febrero y de un 50% en mayo. Sin embargo, esta cuestión está supeditada a que el Consejo Superior de Deportes (CSD), juntamente con el Ministerio de Sanidad, dé el visto bueno a esta reapertura parcial de los recintos del fútbol profesional.