En su escrito de acusación, el ministerio público acusa a ambos de un delito de alzamiento de bienes o de insolvencia punibles, y al pago de una multa 12 euros diarios durante 24 meses, en total, unos 8.300 euros.
La fiscal pide cuatro años de prisión para la extenista española Arantxa Sánchez Vicario, así como para su exmarido Josep Santacana, por urdir un plan para descapitalizar su patrimonio con el que evitar el pago de una deuda a un banco de Luxemburgo y con el «ánimo de un enriquecimiento ilícito», según recoge Efe.
En su escrito de acusación, el ministerio público acusa a Sánchez Vicario y Santacana de un delito de alzamiento de bienes o de insolvencia punibles, y al pago de una multa de12 euros diarios durante 24 meses, en total, unos 8.300 euros.
El Banco de Luxemburgo pidió en el 2018 a la titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona que ordenara el ingreso en prisión de la tenista Arantxa Sánchez Vicario y de Santacana, en el marco de la querella en que le exige el pago de una deuda de algo más de 6 millones de euros, alegando que disponían de fondos suficientes para saldarla, deuda que la fiscal solicita que se abone en concepto de responsabilidad civil en su escrito de acusación.
La fiscal, en sus calificaciones, sostiene que Sánchez-Vicario, «bajo las consignas» de su exmarido y en colaboración con otros cinco acusados, «idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad por parte de la referida entidad».
Y ello lo hicieron, agrega el ministerio público en sus conclusiones iniciales, con el «pleno conocimiento» de la «obligación de pago» de la deuda tras recibir primero un burofax en julio del 2010 y, después, en la demanda presentada por el banco en marzo del 2011.
En concreto, según la fiscal, realizaron numerosas «maniobras», en las que ve además un «ánimo de enriquecimiento ilícito»: el vaciado de seis cuentas corrientes, para que no hubiese saldo en caso de embargo, o la desaparición del dinero cobrado por la acusada en concepto de reportajes en medios de comunicación, «cobrando de forma opaca o haciendo desaparecer el dinero nada más recibirlo».
Además, la extenista realizó un proceso de despatrimonialización inmobiliario «a través de sociedades de las que era titular real o fiduciaria», llevándose a cabo, «bajo las directrices del acusado», en más de una decena de viviendas, varias plazas de parking, un local en un puerto deportivo y varios terrenos, entre otros bienes inmuebles.
Además, la fiscal, en concepto de responsabilidad civil, pide una indemnización conjunta para el banco de Luxemburgo de 6.170.942,35 euros, de los cuales 5.250.000 euros corresponden al préstamo y 520.109,59 y 48.328,77 a los intereses generados en los diferentes momentos procesales, entre otros conceptos.
