Casanueva ya no tiene excusas para no convocar elecciones

Con la publicación en el BOE, el pasado día 3 de julio, ya está vigente la Orden Ministerial que habilita el mes de agosto a todos los efectos para la presentación de candidaturas o la celebración de votaciones en los procesos electorales de las federaciones deportivas, la presidenta de la RFEV, Julia Casanueva, ya puede y está obligada a convocar elecciones.

Después que el CSD reiterara en varias ocasiones que las elecciones deben de celebrarse en este año, independientemente de que no se hayan celebrado los Juegos Olímpicos debido a la pandemia, no tiene ningún sentido que aún no se haya iniciado el proceso electoral, ya que lo lógico es convocar para que así el presidente que salga elegido pueda trabajar con tiempo más que suficiente la cita olímpica de Tokio del próximo verano.

La idea que tenían algunos presidentes de federaciones, entre ellas la de vela, de esperar a convocar elecciones después de los JJ.OO. aplazados a 2021 carecía de sentido ya que, entre otras cosas, a fecha de hoy tampoco nadie puede garantizar que se vayan o no a celebrar.

Las elecciones deben de celebrarse en el segundo semestre del año, y este que se sepa, empezó el día 1 de julio y el 18 de julio debería ser la fecha para iniciar el proceso. De todos es sabido lo farragosos que son estos procesos electorales. Lo más urgente que debe de hacer la RFEV es convocar a Junta Directiva y Comisión Delegada con el fin de tener a punto el Reglamento y Calendario Electoral para su aprobación por parte del CSD, cosa que aún no se ha hecho. A partir de ahí las federaciones territoriales tendrán que mandar el listado para así elaborar el censo provisional de electores y elegibles.

A medida que vaya demorándose en el tiempo esta primera parte, se alagará todo el proceso electoral, y ahí es donde puede entrar el CSD, lo que podría acarrear un problema serio a Julia Casanueva, que lleva un tiempo en el punto de mira del máximo organismo del deporte, después de su desobediencia durante el estado de alarma y las últimas denuncias de federados y asambleístas.