Los “pactos de Viana”: un código de conducta para el fútbol

Si para toda una generación de españoles el Veinte de abril del noventa quedará ligado para siempre a la canción de Celtas Cortos, treinta años más tarde, los aficionados al fútbol y al deporte en general, recordarán el 20 de abril de este año 2020 -crisis sanitarias y confinamiento, al margen-, como el día que marcó el punto de inflexión en el principio del fin de la guerra -más o menos soterrada-, que los dos máximos organismos del fútbol español, Federación y Liga, venían manteniendo desde tiempo atrás. A veces, se traducía en meras escaramuzas dialécticas, incruentas y sin mayor gravedad; pero en otras ocasiones, el fragor de la batalla subía de tono y la algarabía, de escala, en proporción al calibre más grueso de la munición empleada.

Como es sabido, el pasado lunes 20 de abril de 2020, el Consejo Superior de Deportes convocó una reunión en la que tomaron parte las citadas entidades, a fin de marcar el itinerario que el fútbol habría de seguir en la deseada etapa del “post COVID-19”. Con hábil talla diplomática y aprovechando la coyuntura, se llegó, además, al compromiso de redactar un Código de Conducta que en el futuro deberá ser aplicable a directivos, gestores y agentes del fútbol español y que, se espera, habrá de contribuir de paso a la mejora de las ineludible relaciones interinstitucionales. A nuestro juicio, esta circunstancia constituye un hito de primer nivel, que no debemos dejar que pase inadvertido.

Es sabido que los Códigos Deontológicos y las Declaraciones de Valores Corporativos constituyen, junto a otras providencias, herramientas que se vienen utilizando hace ya tiempo de manera habitual en la gestión de las empresas innovadoras y, sobre todo, por parte de aquellas organizaciones que se destacan por ser más  conscientes de lo que implica atenerse de manera fiel a los requerimientos del propósito organizativo.

Los códigos representan una suerte de declaración formal donde quedan explícitos los valores éticos a los que la organización decide adherirse; y las normas de conducta que se compromete a seguir, tanto en su gestión interna, cuanto en las interacciones que aquélla establece y mantiene con su entorno. Al declarar de manera expresa cómo dice querer conducirse, la institución, que empeña voluntariamente su palabra, está de alguna manera rubricando la suscripción de una especie de contrato implícito con sus grupos de interés. Este convenio, por más intangible que se lo quiera suponer, lleva siempre aparejada una elevada dosis compromiso que requiere una cantidad significativa de coherencia interna; y que, al igual que se dice de la nobleza, obliga a mantener unos altos estándares de Responsabilidad Social Corporativa y a mantener la voluntad firme y perseverante de implementar una gestión atenta a las demandas de la ética empresarial.

Nuestro fútbol no ha sido ajeno a esta manera de entender la dinámica organizativa y la gestión empresarial. De hecho, son numerosos los documentos de este tipo de los que disponen tanto los clubes como las Federaciones o La Liga. Entonces, se nos  impone la pregunta: ¿qué es lo que ha motivado la adopción del acuerdo entre LaLiga y la Real Federación Española?

En un ámbito tan expuesto a la opinión pública, resulta imprescindible cohonestar este hecho con la imagen que sus ejecutivos proyecten hacia el exterior y es público y notorio que las relaciones entre la Federación y La Liga no son todo lo fluidas que cabría desear. Esta circunstancia hace que el fútbol se halle instalado en un permanente clima de tensión que en nada favorece al sector. Esa es la razón última que parece estar a la base del pacto con vistas a la elaboración del Código Ético para los dirigentes futbolísticos. Se trataría con ello, no tanto de incidir en la regulación de actitudes internas -que también-, sino sobre todo, de elaborar un manual de comportamiento y buenas prácticas, que cambie las dinámicas, mejore la atmósfera institucional y evite hostilidades en la relación entre las instituciones.

El objetivo implícito, pues, parece ser el de serenar los ánimos y crear un entorno más favorable y pacífico, a partir del cual se avance en la tarea de apaciguar el caldeado ambiente que, por momentos, se viene respirando entre los órganos rectores de nuestro fútbol. En definitiva, se trataría de establecer un modus operandi, acorde a la relevancia del papel institucional que ostentan los rectores del fútbol español; y en línea con los valores y principios morales y de fair-play que se consideran inherentes a la práctica del deporte y al ámbito deportivo.

No quedó al azar ni siquiera el escenario en que tuvo lugar dicha reunión: el Palacio de Viana, emblemático edificio, ubicado en el corazón del Madrid más castizo, que alberga -nada menos- que la residencia oficial del ministro de Asuntos Exteriores que en cada contexto político haya de representar los intereses del Reino de España. Y decimos que la elección del lugar de encuentro no fue casual con base en dos apreciaciones: por un lado, qué mejor que aquella sede gubernamental como paradigma de precisión diplomática para acercar posiciones confrontadas. Y por otro, en cuanto que el fútbol constituye, de facto, uno de los pilares en los que sustentar la imagen que España proyecta hacia el exterior. Dentro de la actual política “España Global” -sucesora de la anterior “Marca España”-, resulta difícil comprender cómo se haya de poder dimensionar de manera adecuada la imagen que el fútbol español haya de proyectar en la escena internacional si en lugar de cohesión y unidad, se proyectare la apariencia de división y enfrentamiento.

Por tanto, mediante la compilación de las normas y reglas que determinen el comportamiento ideal o, al menos, el más apropiado, para ese grupo de profesionales, lo que se pretende es lanzar un mensaje a toda la sociedad, expresando el compromiso de asumir determinadas responsabilidades, basadas en el sustento ético que se quiere dar al ejercicio de funciones directivas y en la opción por una adecuada gobernanza, orientada por referencia a los requerimientos éticos del Buen Gobierno Corporativo. Por ese motivo, dotar a las funciones directivas de un marco para una buena praxis, constituye una magnífica carta de presentación y sirve para robustecer la misión, para consolidar la visión y para subrayar los valores con los que se busca que el fútbol se identifique. A fin de cuentas, todo ello debiera entenderse como un paso adelante en la siempre abierta aspiración a articular una más justa y responsable.

El futbol tiene el deber, y también el legítimo derecho, de sentirse protagonista en la construcción de una sociedad mejor y más sostenible. Y, en consecuencia, las personas que lo rigen deben mantener un comportamiento alineado con esos parámetros, ya que es la propia sociedad la que demanda unos comportamientos, basados en elevados estándares de credibilidad y crecientes mecanismos que aseguren la transparencia. Los directivos en absoluto debieran sentirse ajenos a esa nueva realidad. Al contrario, tienen la posibilidad y, por consiguiente, sería bueno que trataran de ofrecer un ejemplo de liderazgo responsable, en atención al impacto de sus decisiones, ya que son ellos quienes proyectan gran parte de la imagen del sector. Desde un liderazgo eficaz, asentado en unas buenas prácticas, conseguirían dotar a su función de la necesaria legitimidad social que cada vez va a resultar más imprescindible.

Por lo demás, la explícita opción por la ética en las relaciones interinstitucionales, representa a la vez una ocasión privilegiada para involucrarse sin reservas con algunos de los denominados Objetivos del Desarrollo Sostenible. Tal sería, por ejemplo, el  ODS número 16º, sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; o el ODS-17º, atinente a las alianzas para alcanzar los Objetivos. La cooperación entre el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Fútbol y La Liga, puede y debe acabar cristalizando en  un ejemplo paradigmático de este tipo de alianzas estratégicas en aras de un bien común que, en definitiva, habrá de revertir en la construcción de una sociedad más munificente, donde los ciudadanos podamos vivir una vida más plenamente humana.

Entendemos que LaLiga ya es plenamente consciente de ello, puesto que tiene implementados numerosos mecanismos que traslucen su apuesta por la Responsabilidad Social. Por ello, el complemento de un Código de Conducta para directivos supondrá el refuerzo de esa idea que ya se vislumbra en la gestión de dicha institución.

Excluyendo cualquier ánimo exhaustivo, nos preguntamos cuál debería ser el contenido del Código. Pues bien, partiendo de la base de su sentido de la Responsabilidad Social hacia todos los Grupos de Interés con los que el fútbol guarda relación, la pretensión no habría de ser la de concebir el documento en términos de prohibiciones de malos comportamientos y enfocado a proscribir malas prácticas. Antes al contrario, con poco que se modifique la perspectiva, se puede -y se debe- conseguir hacer que la propuesta evolucione desde lo deontológico hacia lo ético. O sea, convertir el Código de Conducta en una herramienta animada desde un interés propositivo, articulada en una redacción que busca orientas hacia lo bueno, hacia lo que merecería la pena llevar a cabo y no tanto anclada en la declaración de lo que debería dejar de ser hecho. A plazo medio, este enfoque habría de traer aparejados muy buenos resultados. Y al paso que se irían desarrollando hábitos positivos, se estaría avanzando en la consolidación de una cultura organizativa capaz de orientarse hacia la excelencia en la gestión. El efecto de ejemplaridad no tardaría en convertir al fútbol en un auténtico bechmark y en un referente de innovación social, susceptible de encontrar réplica en otros ámbitos y dinámicas institucionales.

En línea con esta idea, resulta obligado recordar la capacidad de tracción que tiene el fútbol para el resto de deportes. Ello ha quedado corroborado por la constitución, mediante el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de la Fundación España Deporte Global, F.S.P., de cuyo Patronato forman parte, entre otros, la Real Federación Española de Fútbol y La Liga, y entre cuyos fines figura la promoción e internacionalización del deporte español.

Volviendo a su contenido, y advirtiendo que, lógicamente, resulta imposible fijar un numerus clausus conductual, las especifidades de la función desarrollada obligarían necesariamente a incluir directrices relativas a la mesura, rectitud y corrección en el comportamiento y en las declaraciones públicas; una actuación basada en criterios de responsabilidad y buena fe; transparencia en la gestión e imparcialidad en el desempeño; dedicación a las funciones encomendadas y renuncia, en su caso, a cualquier otra actividad que implique conflicto de intereses; confidencialidad en relación con sus actuaciones, tratando la información y los datos de los que se tenga conocimiento con la mayor integridad y ética; pleno respeto a los derechos fundamentales y a los valores del deporte; no obtención de beneficio, personal o patrimonial, derivado del ejercicio de sus funciones; y rigurosidad en los gastos de representación. En suma, se trataría de fijar una serie de criterios éticos, alineados con las exigencias de buena praxis que demanda la posición que se ostenta.

A priori, se trata de una solución correcta y acorde con la realidad derivada de las excepcionales circunstancias generadas por la pandemia que, lejos de constituir un obstáculo, puede facilitar las bases para instaurar un nuevo modelo de relaciones. Sin embargo, todo ello deberá ratificarse por escrito, a fin de que no se quede en una mera declaración de intenciones. En todo caso, deberá cumplirse de manera efectiva. Para ello habrá que  establecer mecanismos de monitorización, así como un efectivo sistema de sanciones por incumplimiento. A este respecto, resultará esencial la constitución de una Comisión Ética que vele por la observancia del Código y que recoja las denuncias -estableciendo para ello los canales adecuados- derivadas de su inobservancia.

Como colofón a las anteriores reflexiones, podemos extraer dos tesis conclusivas: la primera, apunta al fútbol en general, ya que, una vez más, queda patente su alcance como patrón de procedimiento que debe presentar una imagen exenta de mácula para salvaguardar su reputación, una de sus mayores fortalezas. La segunda conclusión, se relaciona con los Códigos Éticos en sí mismos considerados. En unas circunstancias tan dinámicas y exigentes como las que estamos viviendo, ni es necesario ni siquiera, tal vez, eficiente confiar de manera exclusiva a la dura lex y a los rígidos mecanismos del Derecho, todo lo que se esperaría del buen proceder en las interacciones sociales. Cuando las agendas resultan crecientemente complejas, y las dinámicas institucionales se ofrecen cada día más abiertas y porosas, cabe un sustancioso margen para la autorregulación, a la base de lo cual procede siempre ubicar, de una parte, la responsabilidad individual; y de otra, la conciencia social que siempre debiera estar en consonancia con el tenor de las funciones encomendadas a los gestores, en este caso, a quienes tienen el deber de gestionar el complejo y relevante mundo del fútbol profesional español.