
Los técnicos de BDO Auditores encargados de hacer una auditoría complementaria a Osasuna por encargo de La Liga han asegurado que en el Club había un pago de 1,4 millones de euros en efectivo a Flefield y otro de 900.000 euros a dos agentes inmobiliarios que no estaban debidamente justificados y que no pudieron corroborar que se prestase servicio por estos pagos.
Carlos de Corral y Francisco Javier Espel han declarado esta mañana como testigos en el juicio contra seis exdirectivos de Osasuna, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva por el supuesto amaño de partidos.
De esta auditoría, realizada al finalizar la temporada 2013-2014, han destacado una salida de dinero en 2014 para el pago a Flefield por un trabajo de consultoría y scouting deportivo del que, según han indicado, solo hay una serie de facturas pagadas en efectivo y un contrato en el que no se identifica el firmante por parte de Flefield ni Osasuna.
Además, del 1 julio 2013 existe un pago 900.000 euros en efectivo a dos agentes inmobiliarios para el desarrollo y venta de unos activos de Osasuna de los que había un recibí pero no evidencia del servicio prestado, ya que “en el momento de hacer el trabajo esos terrenos no habían sido vendidos”, ha indicado uno de ellos.
Según ha señalado uno de los auditores, les llamó la atención que pagos tan elevados se realizasen en efectivo, algo que “no es nada habitual” por lo que solicitaron alguna evidencia de que se prestó este servicio, pero en ninguno de los casos obtuvieron respuesta a excepción de una confirmación por parte de los agentes inmobiliarios de haber recibido este dinero.
Y a este respecto, han asegurado que nunca se les enseñó el anteproyecto de reforma del estadio El Sadar.
También han hecho referencia al hecho de que el club pagaba gastos que debería asumir la Fundación Osasuna, indicando a este respecto que en el momento de la auditoría el saldo deudor superaba los 12.000 euros.
Además han confirmado que no había evidencia de que las dietas reflejadas en la contabilidad se entregaran, si bien han aclarado que desde el punto de vista de la auditoría lo dieron por válido porque entendieron que no era un movimiento de riesgo.
A pregunta de la defensa sobre si encontraron indicios de que este dinero fuera destinado a pagos fraudulentos, han apuntado que no se pronunciaron sobre el destino sino que tan solo reflejaron que había salidas no justificadas ya que su labor no era investigar a dónde había ido el dinero.

























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