El Consejo de Estado abre su labor a la sociedad

El Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno y de la administración general que preside María Teresa Fernández Vega, ha iniciado una nueva etapa en la que busca acercar a la sociedad su trabajo como centinela del buen funcionamiento de los servicios públicos.

Por primera vez, esta institución de más de cinco siglos de historia ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para dar a conocer su memoria de actividades de 2018, año en el que aprobó 1.030 dictámenes normas y actos administrativos, de los que el 99 por ciento fueron secundados por los órganos que le consultaron.

Fernández de la Vega ha destacado la independencia, rigurosidad, seriedad y eficacia del Consejo de Estado al que pueden consultar el Gobierno, el presidente, los ministros, las comunidades de Cantabria y Extremadura -por no tener órganos consultivos propios-, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Pero ha resaltado especialmente su potencial para "conectarse" con los ciudadanos, una faceta no explorada hasta ahora y que, en su opinión, debe acometer de acuerdo al principio de transparencia por ser "un elemento esencial de la democracia".

A su entender, el Consejo de Estado es una institución "única" y "clave" como "torre vigía" de la legalidad y de la correcta prestación de los servicios públicos, con lo que también contribuye a la vertebración territorial, un tema de "máxima actualidad", ha dicho. En este sentido, ha subrayado la aportación de los consejos consultivos autonómicos existentes, cuyo papel es "hoy por hoy esencial".

"Si no existieran el trabajo del Consejo de Estado se multiplicaría al menos por siete", ha incidido Fernández de la Vega que ha programado para finales de año una conferencia de los presidentes de los consejos de las comunidades autónomas para examinar cómo se están prestando los servicios públicos en cada territorio.

Todo ello con el diálogo y debate sereno que, según ha recalcado, impregna cada actuación del Consejo de Estado como "antídoto" contra el "ruido de lo inmediato" y la "crispación".

Ha querido incidir así en la independencia de sus dictámenes también respecto a Cataluña y ha dicho que se sienten "utilizados, pero bien utilizados" por los gobiernos y aceptan sus demandas de consulta "con mucho gusto", como se hará si el Gobierno decide finalmente elaborar un anteproyecto de ley de reforma del Código Penal sobre los delitos de rebelión y sedición.

La presentación pública de la memoria y la conferencia de presidentes se enmarcan dentro de un "ambicioso" programa de actividades para este año, que incluye también unas jornadas coincidiendo con el 40 aniversario de la ley orgánica de 1980 reguladora de la institución.

Además, se han previsto dos encuentros jurídicos de alto nivel académico y relevancia internacional y un curso especializado para letrados, así como el inicio de un proceso de modernización y adaptación tecnológica de la institución.