El caso Louzán: Ética y Derecho

Desde que surgió el caso Louzán, que acaba de ser absuelto este jueves de todos los cargos por el Tribunal Supremo, se sucedieron diversos análisis, casi todos en torno a la ética, no al derecho.

Muchos se preguntaban desde una perspectiva moral cómo es posible que una persona inhabilitada para cargo público pueda presidir una federación deportiva.

Sin embargo, paradójicamente, este análisis ético partía de una 'premisa jurídica' (la condena penal), justamente lo que los analistas querían evitar. Nos explicamos. Si se quería hacer un análisis estrictamente ético, lo lógico era exponer los hechos concretos por los que se consideraba que Louzán estaría deslegitimado (éticamente, no jurídicamente) para ser presidente, y acto seguido hacer una valoración para poder concluir si efectivamente es o no apto "éticamente" para el cargo.

Conviene recordar que ni Louzán ni la empresa adjudicataria de la obra, ni ninguna otra persona de su entorno, se lucró en el expediente tramitado en su día en la Diputación de Pontevedra. Esto es un hecho probado. Solo se le reprochaba a Louzán el no haber tramitado correctamente el expediente administrativo en cuestión.     

A la vista de lo expuesto, ¿ese error puramente formal en la tramitación administrativa deslegitimaba éticamente a Louzán para presidir la RFEF? Unos dirán que sí y otros opinarán que carece de relevancia suficiente como para privar a una persona de ejercer el cargo. Nos moveríamos, pues, en el terreno de lo subjetivo.

Por eso existe el Derecho, porque no siempre coinciden lo ético y lo jurídico. Y en un Estado de Derecho, como el nuestro, debe prevalecer el ordenamiento jurídico; lo contrario sería el caos y la selva.

El Supremo ha propinado un fuerte varapalo al Gobierno y al CSD, que han empleado un rasero distinto entre Rubiales (al  que le perdonaron todo, salvo el 'piquito' y el tocamiento de genitales, por presión de la Casa Real) y Louzán, al que daban por condenado simplemente porque es afín al Partido Popular.