El deporte merece un ministerio exclusivo

Cada vez que se produce un cambio en la dirección del deporte se plantean grandes incógnitas hasta el punto de poder plantearnos si, realmente, los intereses políticos tienen que llevar una vez tras otra al diseño de un marco complejo y lleno de incertidumbres.

En el ámbito político suele diferenciarse entre la legitimidad de origen y la legitimidad del ejercicio. Teniendo en cuenta la posición de un secretario de estado en la estructura de gobierno, podemos indicar que su legitimidad de origen es, únicamente, la que proviene de la persona que lo nombra y no, claro está, la de la elección directa y democrática. Es el modelo vigente.

Por tanto, todas nuestras esperanzas están en su legitimación por el ejercicio. A veces a la falta de legitimación de origen se suma la del ejercicio y entonces el modelo está llamado a fracasar.

La legitimación por el ejercicio es, además, una lotería. Pensar en que el nombrado acierte, quiera y consiga ser eficaz en su trabajo es una fórmula aleatoria que no está dando buenos resultados.

El deporte –como otras actividades sociales- es complejo, exige capacidad de diálogo, de interlocución, ideas claras, proyecto y capacidad de llevarlo a término. Cuanto más lejos de estos planteamientos está el designado más difícil resulta cumplir con el proyecto.

Esto ha sumido el deporte es una situación compleja. Sus dirigentes no tienen una responsabilidad política directa, su conocimiento y preparación en la materia es difuso, sus ganas de encontrar soluciones a los problemas es, igualmente, algo diluido en la efervescencia de una secretaría de Estado mediática como pocas y con proyección personal como ninguna otra.

Frente a esto cabe indicar que el deporte necesita solvencia, seguridad, dirección y organización. El factor mediático debe dejar paso al factor profesional. El deporte es una relevante política pública, una importante labor económica, una importante labor social y algo que los ciudadanos valoran como un elemento a preservar.

Para conseguir estos objetivos caben dos soluciones: una mayor profesionalización, una política más sólida y asentada, una política de Estado. Los movimientos erráticos, fuera de contexto y absolutamente improvisados que hemos vivido deberían dejar paso a una formulación seria, rigurosa, objetiva y consensuada en la que afianzar una política relevante y necesaria para la sociedad del siglo XXI.

Otra, una mayor implicación política. El empeño de situar el deporte en una secretaría de Estado de un ministerio que, a menudo, tiene otras competencias tan o más relevantes para la sociedad (Educación y/o Cultura) sume a éste en un posición peyorativa y minusvalorada.

Hace mucho que nadie identifica al deporte con un ministro frente a lo que, ahora, al menos, sí ocurre en la ciencia y en las universidades o, incluso, en el consumo.

Con el máximo respeto, podemos decir que ninguna de estas actividades tienen una relevancia social desbordante o exorbitante frente al deporte. Ni en el aspecto social, ni en el aspecto económico ni en su repercusión diaria el deporte pierde ningún pulso frente a estas importantes actividades.

Luego el problema es de modelo: no cuidamos la profesionalización, no nos importa quién dirige el deporte y tampoco estamos en posición de darle relevancia política.

A partir de la conjunción de ambas circunstancias el resultado es sencillo: de nuevo volvemos a la aleatoriedad (o la suerte para decirlo más claro) cuando se decide un cambio de personas. Si las cosas salen bien es porque el ejercicio será correcto pero no porque el modelo piense en esta clave. Será porque el designado sea capaz de avanzar, construir y, sobre todo, de aprender con rapidez. Este factor es inapreciable e impredecible. Solo la suerte o la habilidad del elegido son los elementos claves.

Pero es cierto que el mundo del deporte precisa soluciones que trasciendan del plano de la habilidad personal, que finalmente constituye una incógnita que  no sabemos bien como despejar ni, claro está, el resultado. Esta política pública exige ya y con urgencia algo más. Exige profesionalidad acreditada y, sobre todo, responsabilidad política.

Situados en este plano, es probable que sea el momento de insistir en la necesidad de la individualización de la responsabilidad política del deporte y de la creación de un departamento ministerial propio que haga visible y real esta responsabilidad.

La preterición del deporte, su consideración menor, su condición de premio de consolación en la rifa política está lastrando el progreso. La ausencia de criterio, de políticas públicas formalizadas, de responsabilidad, de compromiso, de impulso real son elementos que no pueden esperar más.

Por esto, al margen de todo y, sobre todo, de la buena voluntad real de los designados, nos corresponde solicitar impulso y respeto al deporte y el diseño de una formulación en la que se presencia pública y política esté en primera línea.

Avanzando esta posición podemos pensar en términos de progreso y no de improvisación. Progresar es crecer, modernizar, superar los modelos y hacerlo solo exige profesionalidad, compromiso y responsabilidad de primera línea.

Nuestra opción es clara: es necesario visibilizar el deporte y dotarle de rango ministerial y de políticas serias, ordenadas y solvente. Creer en el deporte es creer en la necesidad de su progreso y de su organización.