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EFE//Iusport
16 de marzo de 2017
Patricia Rodríguez

El "brexit" sitúa a los expatriados ante un limbo de incertidumbre

[Img #38827]La salida británica de la Unión Europea (UE) coloca a los comunitarios residentes en el Reino Unido en una incierta posición ante la ausencia de garantías, a día de hoy, por parte del Gobierno sobre su situación legal.

 

La ley del "brexit, sancionada hoy por la reina Isabel II, permite activar a partir de ahora el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, con el que se abre oficialmente el periodo negociador de dos años para ejecutar la salida británica de la Unión Europea (UE).

 

Actualmente, hay registrados 3,15 millones de comunitarios en el Reino Unido -de los cuales, 132.000 son españoles- frente a los 900.000 ciudadanos británicos que viven en diferentes puntos del continente, según datos oficiales británicos.

 

El inesperado desenlace del referendo del pasado 23 de junio ha sumido a esos expatriados en una especie de limbo ante su futuro por la negativa del Gobierno británico a proteger desde ya, y de manera unilateral, sus derechos.

 

May lleva meses insistiendo en que resolver ese asunto es prioritario, siempre y cuando el resto de países de la UE proteja asimismo a sus nacionales en el continente, una actitud que le ha reportado críticas por tratar a las personas como monedas de cambio.

 

El profesor de Ciencias Políticas del University College London (UCL) Nicholas Wright dijo a Efe que el Ejecutivo debería ofrecer garantías "unilateralmente" a los expatriados.

 

En primer lugar, por "una cuestión moral básica", al considerar que "quienes han hecho de este país su hogar deberían saber que su posición está asegurada" y, por otro lado, añadió este experto, por un motivo "más pragmático", el de "enviar un mensaje a la UE, que diga que aunque salimos del bloque, el respeto por nuestros vínculos y, en particular, por sus ciudadanos está claro".

 

"Las personas necesitan seguridad para planear sus vidas y no creo que el Gobierno gane nada no resolviendo este asunto", opinó Wright, al anticipar "negociaciones largas y complicadas".

 

A finales de 2016, el comité de Derechos Humanos del Parlamento británico instaba al Ejecutivo a no emplear a los comunitarios como "moneda de cambio" en su diálogo con Bruselas y urgía a alcanzar un acuerdo "preliminar", algo que May desoyó.

 

Muchos europeos que llevan más de cinco años residiendo aquí han comenzado ya los trámites para solicitar la residencia permanente, si bien lamentan que el proceso está plagado de trabas burocráticas.

 

La solicitud del documento al Ministerio de Interior, paso previo a la petición de la ciudadanía, conlleva un farragoso procedimiento.

 

Han de cumplimentar un formulario de 85 páginas, en el que se exige estipular, entre otros requisitos, el número de viajes realizados al exterior desde la llegada inicial al país, detallando fechas de salidas y entradas al Reino Unido.

 

La ley comunitaria contempla que los ciudadanos del bloque adquieren automáticamente el derecho a la residencia permanente en otro país de la Unión si han vivido en él legalmente durante un mínimo de cinco años seguidos.

 

"The Guardian" publicó a principios de marzo el caso de un científico francés, casado con una escocesa y con más de 20 años de residencia en este país, cuya solicitud fue denegada por Interior.

 

Ese ministerio justificó la decisión en base a que el ciudadano galo se ausentó tres años, al marcharse en 2012 a Sudáfrica, y esa estancia le impide, al parecer, demostrar que ha "residido de forma continuada y sin una ausencia superior a dos años" en este país.

 

Ante el embrollo logístico que está originando este asunto, May aseguró recientemente ante el Parlamento que desde el Ejecutivo se está tratando de "simplificar" y "agilizar" el tedioso proceso.

 

Por otro lado, la carencia de garantías legales ha llevado a muchos expatriados a tomar la decisión de abandonar el país, un "éxodo" que, según los expertos, podría potencialmente tener "un impacto significativo" en la economía nacional.

 

El Gobierno tiene como meta reducir la cifra neta de la migración -diferencia entre las llegadas y salidas del país- hasta situarla por debajo de 100.000, si bien los últimos datos oficiales la colocaron en 273.000, su nivel más bajo en los últimos dos años.

 

Una directiva del departamento de recursos humanos de la cadena de cafeterías en el Reino Unido "Pret a Manger", Andrea Wareham, indicó recientemente a un comité parlamentario que solo uno de cada 50 solicitantes de empleo en esa empresa es británico.

 

Según la compañía, que cuenta con empleados de 110 nacionalidades diferentes y cuya fuerza laboral procede en un 65 % de países de la UE, sería "prácticamente imposible" contratar suficiente personal si tuviera que prescindir de mano de obra comunitaria tras el "brexit".

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