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José Miguel Fraguela
16 de febrero de 2017

Preocupación en la RFEF ante la posibilidad de que la Audiencia reabra la causa contra Villar

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Como informamos en IUSPORT el pasado 17 de enero, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Majadahonda, decretó mediante auto el archivo de la causa por presunto retraso deliberado de las elecciones, tras la querella que formuló el precandidato Miguel Galán.

 

Pues bien, dicho auto fue recurrido por Galán ante la Audiencia Provincial, que podría resolver en medio del proceso electoral que se inicia este viernes.


A la vista del auto, cuyo texto completo ofrecemos en IUSPORT, y de los motivos que invoca el querllante-apelante, podría aventurarse que las posibilidades de querelante y querellado están al 50%. Y esto es suficiente para que cunda la preocupación en el entorno de Villar, pues una eventual reapertura de la causa, si la Audiencia revoca el archivo, podría tener consecuencias incalculables en el propio proceso electoral ya en curso.

 

El equipo de Villar cree que la Audiencia va a rechazar el recurso de apelación en base a que Villar no es funcionario público y, por tanto, en ningún caso podría incurrir en delito de prevaricación.

 

Sin embargo esto no está claso y el apelante se ocupa de rebatirlo, aportando para ello sentencias en el sentido de que un cargo federativo sí puede ser sujeto activo del delito de prevaricación.

 

Y, además de esa cuestión previa, el apelante enumera los hechos que probarían que Villar retrasó las elecciones de forma deliberada. Pero claro, para entrar a valorar esta cuestión, antes el tribunal debe despejar la premisa mayor: ¿Puede cometer un presidente federativo el delito de prevaricación?

 

Una vez la Audiencia despeje esa premisa, el asunto podría decantarse en contra de Villar, según el apelante, pues la prueba practicada, además de otra ordenada que no se practicó, prueba claramente esa dilación deliberada a la hora de convocar las elecciones.

 

Entre las pruebas que invoca el apelante está la declaración del mismísimo exsecretario de Estado Miguel Cardenal, entre otras, y el argumento de que Villar habría esperado por el cese de Cardenal para pedir la excepción que solicitó después de dicho cese, concretamente el 10 de enero pasado, a sabiendas de que ninguno de los sucesivos reglamentos presentados al CSD se ajustaba a la Orden ministerial, y que la excepción pudo haberla pedido desde el prinicipio.

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