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José Miguel Fraguela
12 de enero de 2017

Un archivo judicial de lo más oportuno

Villar está que tira cohetes, y no es para menos. En una misma semana ha conseguido que José Ramón Lete anuncie que le va a conceder la excepción al reglamento electoral y que el Juzgado archive la querella que le interpuso el aspirante Miguel Galán por un presunto retraso deliberado de las elecciones.

 

La resolución señala, entre otras cosas, que “en el presente caso, además de la no condición de autoridad o funcionario público [requisito exigido en el delito de prevaricación], no se acredita que el Sr. Villar a sabiendas de la ilegalidad o con el fin de retrasar el proceso electoral (a mayor abundamiento no es sancionado por el TAD) proponga borradores de reglamentos ilegales, ya que en cualquier caso no es él ni si quiera el que los elabora o da instrucciones al efecto“

 

Se esté o no de acuerdo con el Auto, que es recurrible, lo relevante es que el archivo se produce cuando más lo necesitaba Villar. Justo en el mes en el que se va a producir la aprobación del reglamento electoral por parte del CSD (esto ya lo anunció Lete), por lo que podrá convocar el proceso electoral sin la losa que supone el estar investigado penalmente por la misma materia.

 

Conviene aclarar, no obstante, que aún sigue su curso la otra querella presentada por el mismo aspirante Miguel Galán por el caso Recre, así como una tercera denuncia del mismo por la subvención recibida por la RFEF para una escuela en Haití presuntamente mal aplicada y en proceso de reintegro.

 

A pesar de estas dos acciones penales en curso, Villar le daba la máxima importancia a la de las elecciones. Siempre dijimos que al presidente de la RFEF le quedaba la perfecta "coartada" de que desde febrero de 2016 ha presentado varios reglamentos  electorales al CSD, que los fue rechazando uno tras otro, por lo que nunca se le podía acusar de inacción.

 

Anteayer titulábamos esta columna diciendo que "el conflicto entre la RFEF y el CSD por el reglamento electoral toca a su fin".

 

Hoy podemos afirmar, salvo pronunciamiento judicial posterior que revoque el auto de archivo, que estamos ya ante un 'caso cerrado'.

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