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Remedios Roqueta Buj
30 de diciembre de 2016

Los jugadores de tenis en el ordenamiento jurídico español

[Img #34719]SUMARIO: 1. Introducción. 2. Régimen jurídico aplicable a los tenistas federados. 2.1. El vínculo entre los deportistas federados y los clubes deportivos. 2.2. Cobertura sanitaria de los tenistas federados. 3. Régimen jurídico aplicable a los tenistas profesionales. 3.1. El contrato de patrocinio deportivo. 3.1.1. Concepto, naturaleza y régimen aplicable. 3.1.2. Forma. 3.1.3. Derechos y obligaciones. 3.1.4. Extinción. 3.2. Seguridad Social. 4. Régimen jurídico aplicable a los tenistas integrados en las selecciones nacionales y autonómicas. 5. El régimen jurídico aplicable a los tenistas de alto nivel.

 

 

1. Introducción

 

El régimen jurídico aplicable a los jugadores de tenis en nuestro país difiere según se dediquen a la actividad competicional o a la profesional, o estén integrados en las selecciones nacionales y autonómicas o en las relaciones de deportistas de alto nivel (1).

 

 

2. Régimen jurídico aplicable a los tenistas federados

 

2.1. El vínculo entre los deportistas federados y los clubes deportivos

 

Los jugadores de tenis, aun cuando cuenten con la licencia de un club deportivo, por lo general, no reúnen la nota de la dependencia, ya que son libres para inscribirse en los torneos individuales que quieran disputar. A mayor abundamiento, no realizan la práctica del deporte a cambio de una retribución a cargo del club. Por ello, quedan fuera del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como del orden social de la jurisdicción.

        

El compromiso adquirido entre los jugadores y los clubes se rige por los concretos pactos que hayan podido establecer las partes (art. 1.255 CC), que en cualquier caso han de probarse, y se somete a la jurisdicción civil.

 

Al término de la vigencia de la licencia federativa por un equipo los jugadores de tenis son libres para suscribir nueva licencia con otro equipo. La única limitación a la libertad para cambiar de club viene dada por la regulación de la RFET, en tanto se establece la imposibilidad de disputar, durante el mismo año, competición por equipos en dos clubes diferentes. De este modo, los clubes deportivos no tienen ningún derecho de retención sobre los jugadores de tenis.

 

La habilitación que la DA 5ª del RD 1835/1991 ofrece a los Reglamentos federativos para establecer medidas a favor de los clubes que forman deportistas no ha sido aprovechada por la RFET, a diferencia de otras federaciones que sí prevén los derechos de formación en el ámbito del deporte aficionado. Y es que en España, la mayoría de los jugadores de tenis tienen que formarse en academias privadas o contratando los servicios de entrenadores particulares que cuestan mucho dinero.

 

No será infrecuente que el jugador de tenis y su entrenador o preparador concierten un contrato por el que este se obliga a formar al jugador y a representar y dirigir su carrera deportiva, contratando por cuenta del mismo sus actuaciones publicitarias, estableciéndose como contraprestación por sus servicios un porcentaje de los emolumentos que reciba el jugador por sus actuaciones deportivas y promocionales. Pues bien, en estos casos nos encontramos ante un contrato complejo de naturaleza mixta, atípico y que presenta notas que le aproximan al arrendamiento de servicios y al mandato. Dicho contrato se rige por las estipulaciones de las partes que no sean contrarias a la ley, a la moral o al orden público y, en lo no previsto, por los preceptos correspondientes a las figuras afines, como el arrendamiento de servicios y el mandato. En todo caso, no debe obviarse que el mandato se basa en la confianza entre las partes, es «intuitu personae» y ello explica normas tales como la propia revocación. Por consiguiente, la pérdida de confianza del jugador en su entrenador-apoderado constituye justa causa para su revocación, conforme a los arts. 1.732 y 1.733 del Código Civil. No obstante, la revocación, pese a ser una facultad del mandante, da lugar a indemnización si produce perjuicios al mandatario y si no respeta el plazo señalado en el contrato.

 

Por último, debe recordarse la doctrina sentada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su sentencia de 5 de febrero de 2010 (Rec. 1440/2010), que declara que el poder de representación de los padres no alcanza a la firma de precontratos con una cláusula penal indemnizatoria de tal envergadura -tres millones de euros– que impida al menor ejercer su libertad de contratación y de elección sobre su futuro.

 

 

2.2. La cobertura sanitaria de los tenistas federados

 

Los tenistas federados que participen en competiciones oficiales tienen derecho a disfrutar de un seguro obligatorio para la cobertura sanitaria, tal y como establece el art. 59.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (LD).

 

El régimen jurídico del seguro deportivo obligatorio se desarrolla en el RD 849/1993, de 4 de junio, en los siguientes términos:

 

1º) Las federaciones deportivas son las responsables de suscribir este seguro en calidad de tomadoras del seguro, respecto de los deportistas inscritos en las mismas.

 

2º) En el momento de expedir la licencia, la respectiva Federación habrá de entregar al deportista el certificado individual del seguro, que, como mínimo, contendrá menciones a la entidad aseguradora, al asegurado y al beneficiario, así como a los riesgos incluidos y excluidos y a las prestaciones garantizadas, debiendo asimismo facilitar, si el deportista lo solicita, copia íntegra de la póliza de seguro concertada (art. 3 RD 849/1993). Además, al inicio de cada temporada deportiva, las Federaciones deportivas españolas y las de ámbito autonómico integradas en ellas remitirán al Consejo Superior de Deportes, para su conocimiento y efectos oportunos, relación de las pólizas que se hubieran concertado y copia de las condiciones de las mismas en las que se concreten las coberturas y prestaciones que resulten garantizadas (art. 4 RD 849/1993).

 

3º) Las prestaciones mínimas a cubrir por el seguro obligatorio deportivo están especialmente referidas a la asistencia médica y farmacéutica, la percepción de indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales, la cobertura de gastos por material ortopédico y por traslado o evacuación del lesionado desde el lugar del accidente hasta el hospital, o el auxilio al fallecimiento, todo ello conforme al alcance y los límites temporales y cuantitativos establecidos en la norma (Anexo RD 849/1993).

 

4º) Si la Federación concierta la póliza de seguros que cubre los riesgos para la salud derivados de la práctica deportiva en que el deportista esté federado, la responsabilidad recaerá sobre la entidad aseguradora. En cambio, si la Federación expide la licencia federativa del deportista, sin concertar la póliza del seguro obligatorio deportivo [SAP Asturias 25 septiembre 2001 (Rec. 487/2000)] o se produce una falta de adecuación entre los riesgos asegurables establecidos en el RD 849/1993 y los concertados en la póliza de seguro [SAP Madrid 12 abril 2005 (Rec. 729/2003)], será ella la responsable frente a los riesgos derivados de las lesiones deportivas.

 

En los supuestos de cambio de aseguradora, la responsabilidad alcanza a la entidad aseguradora que fuere garante en el momento de producirse el percance [SAP Madrid 26 enero 2005 (Rec. 67/2004)]. Ahora bien, esta entidad debe asumir la asistencia médico-quirúrgica y sanatorial, la asistencia farmacéutica en régimen hospitalario y la cobertura de los gastos de prótesis y material de osteosíntesis en régimen hospitalario y de rehabilitación “con un límite temporal de dieciocho meses desde la fecha del accidente”. De este modo, si la lesión tiene un tratamiento superior a dicho plazo, el deportista ya no queda cubierto por la póliza del seguro deportivo obligatorio, salvo que las cláusulas contractuales resulten más beneficiosas para el asegurado (art. 2 Ley 50/1980) [SAP Álava 3 febrero 2016 (Rec. 703/2015) y SAP Vizcaya 16 junio 2016 (Rec. 412/2015)]. No obstante ello, si el deportista es dado de alta y se le vuelve a expedir la licencia federativa que le habilita para la práctica del deporte, en tal caso la Federación debe dotarlo nuevamente de la cobertura precisa, por lo que cada nuevo accidente deportivo reabre el plazo de dieciocho meses, aunque en rigor se trate de meras recidivas de una lesión anterior no curada, siendo responsable la entidad aseguradora con la póliza en vigor en cada nuevo accidente [En sentido contrario, la SAP Vizcaya 16 junio 2016 (Rec. 412/2015)].

 

5º) En el caso de que la asistencia sanitaria sea prestada por una entidad distinta a la aseguradora, esta última “vendrá obligada al reintegro de los gastos producidos por dicha asistencia, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad” (art. 59.2 LD); obligación de reintegro que surge para la aseguradora tanto cuando la “entidad distinta” que ha prestado la asistencia sanitaria es pública [STSJ Madrid (CA) 18 diciembre 2001 (Rec. 1414/1998); STSJ Galicia (CA) 27 marzo 2002 (Rec. 7065/2001); SAP Albacete 4 marzo 1999 (AC 1999\4975); y SAP Huesca 13 marzo 2003 (Rec. 225/2002)], como cuando es privada [SAP Álava 13 mayo 2005 (Rec. 95/2005) y SAP Zamora 12 enero 2007 (Rec. 348/2005)]. Ahora bien, la SAP de Zaragoza de 31 de enero de 2013 (Rec. 491/2012), ha precisado que el derecho de reintegro sólo cubre supuestos en que la previsión de asistencia por el asegurador privado no ha podido ser operativa, bien porque se ha atendido de urgencias, o bien porque no ofrece las condiciones adecuadas o porque la red de centros concertados es insuficiente. En cambio, no comprende supuestos en que, por mera valoración subjetiva y de confianza del deportista, y pese a tener una asistencia adecuada en un centro concertado, solicita el alta voluntaria para ser atendido por el sistema público de sanidad.

 

 

3. Régimen jurídico aplicable a los tenistas profesionales

 

Los tenistas profesionales no prestan sus servicios dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva. Por ello, al faltar una nota esencial del contrato de trabajo como es la dependencia, la exclusión de estas prestaciones de servicios del Derecho del Trabajo es total, no pudiendo ser incluida ni en las relaciones laborales especiales ni en la común. Antes al contrario, nos encontramos ante deportistas profesionales “autónomos” [STS 2 abril 2009 (Recud. 4391/2007)], que organizan y dirigen su propia actividad retribuida, y cuya vinculación con terceros para realizar su práctica deportiva se rige por el ordenamiento civil y mercantil -v.gr. el contrato de colaboración publicitaria [STSJ Cataluña 30 octubre 1992 (AS 1992\5168)]-. Por tal razón, sus conflictos no son competencia de la jurisdicción social, sino de la civil, y su régimen de Seguridad Social no es el correspondiente al Régimen General, sino al Régimen Especial de Autónomos.

 

 

3.1. El contrato de patrocinio deportivo

 

3.1.1. Concepto, naturaleza y régimen aplicable

 

El art. 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de publicidad (LGP), define el contrato de patrocinio como “aquél por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador”. Se trata, por consiguiente, de un contrato oneroso y sinalagmático en el que el patrocinador ayuda al deportista para que pueda realizar su actividad deportiva a cambio del retorno publicitario. Por lo demás, los contratos de esponsorización deportiva encajan en el contrato de arrendamiento de servicios, dado que el compromiso asumido por el esponsorizado no es de resultado sino de mera actividad.

 

El contrato de patrocinio, como todo contrato atípico, se regula, en primer lugar, por la escasa normativa imperativa sobre obligaciones y contratos, en segundo lugar, por lo pactado por las partes en aras al principio de autonomía de la voluntad, y, en tercer lugar, por la normativa de los contratos y especialmente, de aquél con el que guarda más similitud (en este caso, el contrato de arrendamiento de servicios) [STS 30 abril 2002 (Rec. 3460/1996)].

 

 

3.1.2. Forma

 

Tratándose de un contrato atípico, no hay formalidad legal alguna que se deba tener en consideración para la validez del contrato de patrocinio, de manera que las partes pueden acordar verbalmente sus compromisos [STS 30 abril 2002 (Rec. 3460/1996)].

 

 

3.1.3. Derechos y obligaciones

 

La obligación principal del esponsor consiste en prestar apoyo económico –también en ocasiones técnico- para que el jugador de tenis pueda llevar a cabo su actividad deportiva. La ayuda puede ser fija o variable en función, por ejemplo, de los eventos deportivos en los que participe el patrocinado o la posición final que alcance en los torneos. Asimismo, la contraprestación puede ser de dos tipos: en dinero e incentivos o in natura mediante la entrega o suministro de materiales y equipamiento necesario para desarrollar la actividad deportiva, servicios médicos y terapéuticos, servicios de apoyo o de logística para que el esponsorizado pueda disputar los torneos, etc.

 

El compromiso del patrocinado es doble. De un lado, se compromete a realizar la actividad deportiva para la que está preparado y, de otro, a llevar asociada con su actividad y con su imagen, la del esponsor (por ejemplo, llevar en sus prendas el logotipo de la empresa, usar la indumentaria o las botas de la marca de que se trate, participar en espacios televisivos, radiofónicos o ruedas de prensa previamente determinados por el patrocinador, etc.). La naturaleza de ambas obligaciones es distinta: la primera –la realización de su actividad deportiva- es una actividad de medios; la segunda –la publicidad- puede ser en muchos casos una obligación de resultado en el sentido de tener que utilizar el distintivo o logotipo del esponsor, aparecer en ruedas de prensa, hacer declaraciones o asistir a determinadas fiestas, etc.

 

En todo caso, el art. 12 de la LGP establece que “se tendrá por no puesta cualquier cláusula por la que, directa o indirectamente, se garantice el rendimiento económico o los resultados comerciales de la publicidad, o se prevea la exigencia de responsabilidad por esta causa”. De este modo, el patrocinado no se puede comprometer ni a un resultado concreto en la realización de su actividad deportiva, ni tampoco a un resultado publicitario determinado porque ambos factores están íntimamente ligados. Y si no hay obligación de un resultado deportivo y/o publicitario concreto no hay posibilidad de incumplimiento contractual ni se genera responsabilidad alguna por no alcanzar dicho objetivo. Ello no impide, sin embargo, que se pueda premiar al deportista por los resultados deportivos, en función de las competiciones en las que participe y de la posición o de los premios que obtenga, y/o por los posibles rendimientos económicos positivos alcanzados en la promoción del bien o servicio publicitado, siempre y cuando dichos resultados no constituyan parte de la prestación contractual [Cfr. SAP Alicante 5 diciembre 2014 (Rec. 274/2014)].

 

 

3.1.4. Extinción

 

La extinción del contrato de patrocinio deportivo puede producirse por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por alguna de las partes contratantes. Así sucede, por ejemplo, cuando el patrocinador no hace efectivas las sumas debidas por el contrato de patrocinio [SAP Cáceres 6 noviembre 2013 (Rec. 437/2013), SAP Alicante 5 diciembre 2014 (Rec. 274/2014) y SAP Barcelona 19 marzo 2015 (Rec. 376/2014)] o no atiende los plazos de la obligación dineraria en los términos comprometidos [SJM núm. 1 Valencia 27 diciembre 2010 (Proc. 1232/2008)], o cuando el deportista no lleva el logotipo y la publicidad del patrocinador en la ropa deportiva [SAP Barcelona 24 enero 2007 (Rec. 568/2005) y SAP Huelva 20 enero 2010 (Rec. 308/2009)]. En estos casos el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento [Cfr. SSAP Valencia 10 mayo 2003 (Rec. 135/2003) y 28 febrero 2012 (Rec. 785/2011) y SAP Cáceres 6 noviembre 2013 (Rec. 437/2013).] o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos (art. 1.124 CC) [SAP Castellón 10 julio 2006 (Rec. 176/2006), SAP Barcelona 24 enero 2007 (Rec. 568/2005), SAP Cáceres 6 noviembre 2013 (Rec. 437/2013), SAP Alicante 5 diciembre 2014 (Rec. 274/2014); y SJM núm. 1 Valencia 27 diciembre 2010 (Rec. 1232/2008)].

 

Los daños que se han de reparar no son sólo los estrictamente materiales -que pueden resultar inexistentes-, sino también los morales, como el propio perjuicio al nombre y prestigio del deportista o del patrocinador [Cfr. SAP Castellón 10 julio 2006 (Rec. 176/2006)]. Centrándonos en los daños materiales, hay que señalar que la indemnización debe comprender tanto el daño emergente como el lucro cesante [SAP Castellón 10 julio 2006 (Rec. 176/2006)]. En cuanto al daño emergente, hay que señalar que la indemnización debe comprender el importe de la contraprestación dineraria comprometida por el patrocinador incumplidor, o parte de la misma, si el deportista ha quedado liberado del cumplimiento de sus obligaciones, ya que ello disminuye el valor de su prestación dentro de la economía del contrato [Cfr. SAP Barcelona 19 marzo 2015 (Rec. 376/2014) y la SJM núm. 1 Valencia 27 diciembre 2010 (Proc. 1232/2008)], o el coste del equipamiento deportivo y merchandising (posters, videos promocionales, camisetas, postales y demás objetos de promoción publicitaria del patrocinador que incluyan la imagen del deportista que ha incumplido el contrato de patrocinio) [Cfr. SAP Castellón 10 julio 2006 (Rec. 176/2006)].

 

Pero la indemnización de daños y perjuicios no sólo comprende el daño emergente, sino también el lucro cesante en atención al art. 1.106 del Código Civil, en que se indica que "la indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor". Ahora bien, es muy difícil valorar el aumento patrimonial que habría tenido la parte cumplidora si el contrato de patrocinio no se hubiera resuelto anticipadamente como consecuencia del incumplimiento contractual. Para que el lucro cesante forme parte de la indemnización debida se requiere que la pérdida de ganancia sea consecuencia inmediata del incumplimiento y que sea previsible en el momento en que este se produce (arts. 1.106 y 1.107 CC).

 

En todo caso, el perjuicio -daño emergente y lucro cesante- debe ser objeto de prueba [STS 30 abril 2002 (Rec. 3460/1996)].

 

Para el caso de que el contrato de patrocinio sea resuelto anticipadamente como consecuencia de un incumplimiento contractual, es frecuente que se prevea la obligación de la parte incumplidora de satisfacer una cláusula penal. La cláusula penal implica una obligación accesoria, generalmente pecuniaria, a cargo de la parte cumplidora, que sanciona el incumplimiento contractual, a la vez que valora anticipadamente los perjuicios que acarrea tal situación (art. 1.152 CC). La pena consistirá en entregar una suma de dinero y sustituirá a la indemnización de daños y perjuicios, si otra cosa no se hubiera pactado (art. 1.152 CC). La pena será debida, aunque el incumplimiento no hubiese producido daños, o los hubiese producido en cuantía menor que el montante de la pena. Ahora bien, la pena deberá ser moderada judicialmente "cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor" (art. 1.154 CC). Es decir, será atemperada si la parte incumplidora logra acreditar un cierto incumplimiento en la prestación por la otra parte del contrato de patrocinio que será el correlativo grado de cumplimiento por su parte o su menor grado de incumplimiento.

 

 

3.2. Seguridad Social

 

Los jugadores de tenis mayores de dieciocho años que realicen su actividad de forma habitual, personal, directa, a título lucrativo, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) [arts. 7.1.b) y 305.1 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)].

 

Cuando los tenistas profesionales residentes en España deben trasladarse al extranjero para participar en competiciones internacionales, se plantea el problema de dilucidar si durante tales desplazamientos continúan incluidos en el RETA. Pues bien, la normativa propia de este régimen no aborda el problema. No obstante, si el desplazamiento se produce en el ámbito comunitario, entonces, del art. 12.2 Reglamento (CE) n° 883/2004, de 29 de abril, puesto en relación con el Reglamento (CE) nº 987/2009, de 16 de septiembre, se desprende que la persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta propia en un Estado miembro y vaya a realizar una actividad similar en otro Estado miembro, seguirá sujeta a la legislación del primero, a condición de que la duración previsible de esa actividad no exceda de veinticuatro meses. A tales efectos, se entiende que se ejerce “normalmente una actividad por cuenta propia” cuando, como mínimo, ésta se haya realizado durante un periodo de dos meses en el país de establecimiento. Y, en tales casos, al propio trabajador le compete solicitar la expedición del “Certificado de legislación aplicable”, así como presentar la “Solicitud de mantenimiento de la legislación española de Seguridad Social” y, en fin, tramitar la tarjeta sanitaria europea (TSE).

 

 

4. Régimen jurídico aplicable a los tenistas integrados en las selecciones nacionales y autonómicas

 

Las Leyes estatal y autonómicas del Deporte establecen la obligación de los deportistas federados –profesionales o aficionados- de asistir a las convocatorias de las respectivas selecciones deportivas para la participación en competiciones oficiales y para la preparación de las mismas. El art. 24.f) del Código Disciplinario de la RFET contempla la falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones nacionales de Tenis como una infracción muy grave a las normas deportivas –con posible multa de 3.001 a 30.000 euros o suspensión o privación de la licencia federativa por un plazo de dos a cinco años, en adecuada proporción a la infracción cometida– [art. 30.a) y g) Código Disciplinario de la RFET]. Por consiguiente, la prestación de servicios desarrollada para las Federaciones en el seno de las respectivas selecciones se configura jurídicamente como una obligación ex lege, que nace y se desarrolla al margen de una relación laboral.

 

 

5. El régimen jurídico aplicable a los tenistas de alto nivel

 

Los jugadores de tenis que tienen la consideración de alto nivel suelen recibir de su respectiva Federación ayudas económicas para hacer frente a los gastos derivados de su preparación hasta la celebración del evento deportivo de que se trate y quedan obligados a mantener los resultados deportivos requeridos para seguir siendo considerados deportistas de alto nivel, de acuerdo con los criterios establecidos en el RD 971/2007, de 13 de julio. Sin embargo, la vinculación que existe entre estos deportistas y la Federación no es de carácter laboral. Como subraya la STSJ de Madrid de 20 de diciembre de 1993 (Rec. 2218/1993), no se da la “ajenidad”, ya que las ayudas económicas percibidas por los deportistas de alto nivel en modo alguno son salario, sino unas retribuciones semejantes a las becas, con objeto de que los deportistas, sin tener que pagar los gastos de desplazamiento, estancias y material deportivo, puedan prepararse adecuadamente y de manera casi exclusiva, si bien percibiendo lo necesario para poder desenvolverse en la vida y hasta la celebración del evento deportivo. Y tampoco concurre la “dependencia”, necesaria para la existencia de una relación de tipo laboral, "ya que no se puede confundir la dependencia con el sometimiento a una disciplina, propia de todo deportista y máxime en los que aspiran a ser de la élite del deporte".

 

Los deportistas de alto nivel, mayores de dieciocho años, que, en razón de su actividad deportiva o de cualquier otra actividad profesional que realicen, no estén ya incluidos en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, pueden solicitar “su inclusión en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos, quedando afiliados al sistema y asimilados a la situación de alta, mediante la suscripción de un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social” (art. 13 RD 971/2007). El convenio especial “se regirá por lo establecido en la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre”, con las “particularidades” previstas en el art. 13.3 del RD 971/2007.

 

Sin embargo, el convenio especial tiene escasa virtualidad en la práctica del deporte de alto nivel. Y ello no sólo por las limitaciones subjetivas que lo rodean (sólo afecta a deportistas mayores de dieciocho años que no estén ya integrados en el Sistema de Seguridad Social), sino por las siguientes razones (2) 1ª) se trata de un instrumento de asimilación al alta con cotización de suscripción voluntaria; 2ª) sólo sirve para futuras pensiones de jubilación o para cubrir posibles situaciones de incapacidad permanente y de muerte y supervivencia derivadas de enfermedad común o accidente no laboral, quedando excluidas de la cobertura mediante convenio especial “los subsidios por incapacidad temporal, maternidad y riesgo durante el embarazo” (arts. 1 y 9 Orden TAS/2865/2003); 3ª) la cobertura las contingencias protegidas mediante el convenio especial, comporta la obligación de abonar la cotización por parte del propio deportista, a no ser que asociaciones, entidades públicas o empresas patrocinadoras se comprometan a asumirla; 4ª) a los jóvenes deportistas de alto nivel, más que sus futuras pensiones de jubilación o de muerte y supervivencia, probablemente les preocupa más el hecho de sufrir lesiones durante la práctica deportiva y tal riesgo ya lo tienen cubierto a través del “seguro obligatorio deportivo” (art. 59.2 LD).

 

De ahí que, en definitiva, si realmente se hubiera pretendido otorgar cobertura a quienes compiten defendiendo los intereses de España o de las Comunidades Autónomas, sin estar incluidos en el Sistema de Seguridad Social por razón de cualquier actividad por cuenta propia o ajena, hubiera sido más efectivo establecer bonificaciones o reducciones que aliviaran la carga de cotizar que comporta la suscripción del convenio especial, o imputar la obligación de suscribirlo a las federaciones durante los períodos en que el deportista se dedique a la preparación y participación en las competiciones. En esta línea, el art. 6.1.d) del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, prevé que hasta un 1% de los ingresos que se obtengan por la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional se entregará al Consejo Superior de Deportes, que “lo destinará a financiar, en la cuantía y los términos que reglamentariamente se establezcan, los costes de los sistemas públicos de protección social que correspondan a los trabajadores que tengan la condición de deportista de alto nivel y para quienes el deporte constituya su actividad principal y, en su caso, los convenios especiales que permitan su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos”. Sin embargo, la operatividad de esta medida se condiciona a un futuro desarrollo reglamentario que todavía no ha tenido lugar.

 

 

Remedios Roqueta Buj

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Codirectora del Master Propio en Derecho Deportivo

Universidad de Valencia

 

NOTAS:

  1. Un desarrollo más exhaustivo sobre esta problemática en ROQUETA BUJ, “El régimen jurídico aplicable a los jugadores de tenis”, que se publicará en el núm. 54 de la Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento.

 

  1. TATAY PUCHADES, ARADILLA MARQUES Y FERNÁNDEZ PRATS, «La proteccion social de los deportistas profesionales: seguridad social obligatoria y seguridad social complementaria”, en AA.VV., El régimen laboral del deporte profesional (III). El régimen jurídico de los deportistas aficionados y de los deportistas de élite. La Seguridad Social de los deportistas, Master en Derecho Deportivo, Módulo 6, 6ª Edición, Universidad de Valencia, págs. 91 y 92.

 

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