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Laura Baza Mato / Joan Ocón Claret
24 de noviembre de 2016

Crónica sobre la Mesa redonda: Responsabilidad penal de entidades jurídicas en el ámbito deportivo

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[Img #31850]El pasado 16 de noviembre se celebró en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona una Jornada sobre la Responsabilidad penal de entidades jurídicas en el ámbito deportivo. La Mesa Redonda se inició con la presentación por parte de Xavier Albert Canal i Gomara, Abogado y Presidente de l’Associació Catalana de Dret Esportiu, junto con José Luis Pérez Triviño, Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, del elenco de ponentes que participaban en la misma.  Finalizada la presentación, Pérez Treviño se mostró “orgulloso del grupo de investigación de la Universidad Pompeu Fabra en relación a la filosofía del derecho”, concretando en el ámbito deportivo y finalizó abriendo la puerta a futuras colaboraciones de este grupo de trabajo con la Associació Catalana de Dret Esportiu. Acto seguido dio comienzo la mesa, de la mano del moderador Jaume Antich Soler, el cual dio entrada a José Luis Pérez TrIviño y David Felip i Saborit para que hablaran sobre la responsabilidad penal de las entidades deportivas y qué deben hacer éstas en tanto en cuanto a los Programas de Compliance Penal.

 

El profesor titular de Filosofía del Derecho de la UPF, Pérez Triviño, comenzó su exposición advirtiendo de la confusa y compleja regulación de las entidades deportivas así como de las tan variadas dimensiones económicas que pueden tener éstas. Entrando en materia, mencionó los delitos societarios más comunes en el ámbito de las entidades deportivas. Son los siguientes:

 

  • Corrupción privada deportiva (amaños, adulteración de resultados etc.)
  • Delitos fiscales (blanqueo)
  • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  •  
  • Delitos contra el honor, libertad e intimidad sexual

 

Respecto a ello, recordó los primeros clubes que llevaron a cabo las “tareas de implantación de modelos de prevención de delitos”. Tales clubes fueron el Real Club Deportivo de la Coruña, F.C. Barcelona, Real Betis Balompié y el Club Atlético de Madrid.

 

Así pues, se ha nombrado el ejemplo de la Federación Catalana de Fútbol por ser pionera en implementar recientemente un consistente Programa de cumplimiento para evitar los delitos anteriormente mencionados.

 

En este punto, el Profesor Pérez Triviño, al igual que los ponentes que le siguieron, lanzó la siguiente pregunta ¿Están o deberían estar los Programas de Cumplimiento vinculados exclusivamente al ámbito penal?  

 

Contestando a la misma y afirmando que, en base a la relación contingente entre el cumplimiento y la responsabilidad penal, nada impide que las personas jurídicas puedan ver estos Programas de Cumplimiento como un “instrumento útil más allá de servir para exonerar la responsabilidad penal”.

 

Concluyó su posicionamiento asegurando que con un Programa de cumplimiento que detectara todos los posibles riesgos (no solamente la responsabilidad penal), se mejoraría la ética y la moral de las actuaciones del gobierno y la administración de las entidades.

 

Otra de las ideas fundamentales que proyectó fue la relativa a que por parte de diversos organismos de gobernanza deportiva nacional e internacional, se han ido incorporando figuras que sin ser asimilables a los propiamente denominados Programas de Cumplimiento, desarrollan tareas que les podrían competer a aquellos. Algunos ejemplos son los siguientes:

 

FIFA: Ha establecido la Comisión de Deportividad y Responsabilidad Social, la cual desarrolla políticas basadas en 5 aspectos:

  • Protección del entorno laboral sano y seguro
  • Un compromiso del fútbol con los valores éticos
  • Aprovechamiento de los eventos que organiza para sensibilizar sobre temas de responsabilidad social corporativa
  • Colaboración con organizaciones no gubernamentales, canalizando desde el fútbol el apoyo a iniciativas que tienen que ver con reducir la pobreza
  • Atención a los aspectos ecológicos y medioambientales

 

UEFA: Ha creado la COMISIÓN DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD, además de incorporar un inspector de ética y disciplina.

 

La Liga: Establece dos filtros preventivos cuando un Club o SAD pretende afiliarse a la misma. El primero de ellos consiste en solicitar la certificación del acta levantada en la reunión del órgano de administración del club o SAD en la que se acuerden medidas de Compliance y, en segundo lugar, el informe de auditoría por parte de un tercero externo independiente que verifique la efectiva implantación de las medidas de vigilancia y control así como de su funcionamiento eficaz.

 

Además, La Liga, ha nombrado un DIRECTOR DE SEGURIDAD perteneciente a las FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO y ha creado una Unidad de Inteligencia que colaborará con la policía para la prevención y detección de actos violentos entre aficiones, así como un “Manual de Bienvenida” donde se hace especial énfasis sobre qué tipo actuaciones pueden constituir un insulto y qué efectos pueden tener en los clubes las sanciones fijadas (en especial atención a los cánticos que infringen la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte).

 

Finalizó su ponencia remarcando el carácter particular de cada uno de los Programas de Cumplimiento, es decir, su maleabilidad teniendo en cuenta para qué tipo de entidad deportiva se redacte y, para cerrar, recordó su concepción de ampliar el abanico de los Programas de Cumplimiento y que éstos no abarquen solo los delitos señalados anteriormente.

 

Al igual que el anterior ponente, David Felip i Saborit manifestó también la posibilidad de ampliar dicho abanico de hechos delictivos sucesibles de ser realizados en el seno de una entidad deportiva. De hecho, habla de una tendencia hacia un listado numerus apertus, ya que, tal como ha afirmado “reforma tras reforma se va incrementando el elenco de delitos susceptibles de responsabilidad penal sobre la persona jurídica”.

 

Resaltó, como delitos más habituales de las personas jurídicas en el ámbito deportivo, la corrupción entre particulares el dopaje y las apuestas. Para combatirlos remarcó varios elementos claves:

  • Los Programas de Cumplimiento han de ser coherentes y congruentes
  • Canales efectivos de denuncia “sin riesgo de represalias para los miembros integrantes de la persona jurídica” (cosa que sucede a menudo si no se protege el canal de denuncia)
  • Formación adecuada respecto al Programa de cumplimiento para los integrantes de las empresas o entidades

 

Finalizó su ponencia remarcando el posicionamiento de la fiscalía respecto al tema de debate, consistente éste en que la colaboración por parte de la persona jurídica una vez cometido el delito, puede llegar a interpretarse como “existencia de suficiente cultura de cumplimiento” como para entender que no hay culpabilidad, luego se podría exonerar a la entidad deportiva aunque el Compliance no fuera del todo eficaz.

 

La siguiente ponente, Beatriz Goena Vives, abogada especialista en Corporate Defense, puso sobre la mesa algunas de las contradicciones legislativas que hay en cuanto a la posibilidad de sancionar a la persona jurídica y el daño reputacional que pudieren sufrir.

 

Focalizó su explicación sobre el delito de corrupción en materia deportiva del artículo 286 bis cuatro del Código Penal introducido en la Reforma del 2015. El punto de partida para la ponente es la actual situación caótica de la regulación penal de las personas jurídicas, y puso como ejemplo la redacción del artículo 288 del Código Penal.

 

Concretamente con la frase del precepto 288 del CP anteriormente nombrado “si lo solicitara el perjudicado”, la ponente se cuestiona “¿Quién es el perjudicado en un delito de corrupción deportiva?”. En el mismo artículo se menciona “el beneficio que se hubiera podido obtener”.

 

Estas dos cuestiones son difíciles de contestar y cuantificar en el sector de las entidades deportivas. Además, lo comentado entra en contradicción con el art. 52 del Código Penal, por el cual se regula la multa proporcional, ello es así por lo que se deduce del precepto, el cual dice que “los elementos para cuantificar la multa son pasados, en ningún caso futuribles. “

 

Respecto al coste reputacional, es algo incierto pero importante. La ponente lo encasilla dentro de la nomenclatura de “daños colaterales”. Realmente lo que cuenta de cara a cubrir la responsabilidad penal de la entidad, será la colaboración, dado que ante la incertidumbre, el hecho de tener un Programa cumplimiento solventa o atenúa la responsabilidad.

 

Asistió a la jornada el Doctor en Derecho y Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol, exponiendo el tema desde el punto de vista procesal.

 

Inició la jornada exponiendo los principales problemas que se derivan de esta figura. Para empezar, la persona jurídica deberá designar a alguien que declare en representación de ella. En una empresa grande no es un problema ya que se deriva la función a la persona designada “Chief Compliance Officer”, sin embargo, en las entidades pequeñas (que no tienen capacidad económica), designan a cualquier persona que pertenece a esa entidad. El problema radica en que en ocasiones, esa persona no tiene capacidad jurídica, requisito indispensable para poder representar procesalmente. El ponente plantea que si la persona jurídica acaba siendo culpable y se causa perjuicio ¿podrán los socios pedir responsabilidad a los imputados?

 

El segundo problema que el ponente ha mencionado es el relativo a los derechos de la persona jurídica imputada. En este caso, la persona jurídica tiene los mismos derechos que las personas físicas.

 

La carga de la prueba como tercer problema, el ponente ha realizado una doble visión. Por una parte, como profesor, ha explicado que la carga de la prueba le corresponde a la acusación. Por otra parte, desde el punto de vista de abogado, pretenderá demostrar que el cliente tiene efectivamente un Programa de cumplimiento normativo en marcha y que está correctamente implantado.

 

El cuarto y último problema que se da en el área procesal son las medidas cautelares, las cuáles no se han planteado desde un punto de vista práctico. La Ley de Enjuiciamiento Criminal nos reenvía al Código Penal para la imposición de las medidas expresas. Así el “Fumus Boni Iuris” que en términos literales significa un buen derecho, junto con el “Periculum in Mora” y la prestación de caución, constituyen los presupuestos cuya concurrencia es necesaria a la hora de adoptar una medida cautelar en el proceso. A nivel deportivo se podrían dar algunas medidas cautelares concretas como la suspensión de actividades deportivas, o cierre de estadios, entre otros.

 

En la ponencia, el Doctor Jaume Alonso-Cuevillas, hizo referencia al actual caso Neymar, en el cual, se han minimizado los daños culpando al Presidente y al Ex Presidente, si se hubiera culpado a la persona jurídica (al Fútbol Club Barcelona) las penas hubieran sido el doble, de ahí el pacto fiscal.

 

El último ponente, el investigador privado Enrique de Madrid-Dávila, explicó el tema objeto de estudio desde su punto de vista como investigador privado. Comenta que, desde el sector jurídico no se ha tenido en cuenta a este gremio que, junto con la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, se dan ciertas especificidades que deberían revisarse.

 

Para empezar, el ponente ha comentado que el “Compliance Officer” realiza una función pública en una empresa privada. Los investigadores privados dependen del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y funcionan bajo la expedición de una licencia para poder investigar. Tal como se expresa en el Preámbulo de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada “La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.”

 

De hecho, si nos ajustamos a los preceptos legales, trabajar y realizar dichas funciones sin la correspondiente licencia, tendría como consecuencia unas sanciones de hasta 600.000 euros. Por lo que, las empresas deberían de tener licencias que dependan del Gobierno.

 

Otro de los problemas que actualmente podemos encontrar en las funciones del “Compliance Officer” es la formación que no ostentan para poder actuar correctamente en el puesto. Al tratarse de una profesión nueva, todavía no hay formación específica. Deberían de saber sobre laboral, penal, economía, perfiles criminales, Programas informáticos, análisis de riesgos, étc.

 

Por último, el profesor Enrique de Madrid explicó que en la práctica, lo realmente importante para realizar un análisis de riesgos en una empresa es entender y conocer las relaciones personales que se dan entre los integrantes de la estructura profesional.

 

Por Laura Baza Mato (Departamento Derecho Deportivo de Crowe Horwath Legal y Tributario) y Joan Ocón Claret (Master en Derecho Deportivo)

 

 

 

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